El feminicidio de Stefanya Rodríguez Cruz, conocida como “Fanny”, en Xicotepec de Juárez, Puebla, no solo es otro trágico caso en la larga lista de violencia feminicida en México. Es, también, un retrato del entramado de omisiones, encubrimientos y negligencias que, más allá del dolor que dejan, gritan a voces todo lo que sigue sin cambiar.
Fanny tenía 21 años, había perdido a su madre durante la pandemia, y se encontraba saliendo adelante por su cuenta. El pasado 25 de marzo, tras descender del transporte público, ingresó a un domicilio en la colonia La Rivera. Minutos después, su vida fue brutalmente arrebatada con múltiples puñaladas —algunas versiones apuntan 13, otras más de 30— y su cuerpo fue hallado por un menor de edad que, aterrado, pidió auxilio. Las autoridades confirmaron el feminicidio solo días más tarde, cuando la evidencia ya estaba contaminada: la escena del crimen fue limpiada con cloro y las cámaras de vigilancia destruidas.
El detenido por este crimen es Diego Alberto “N”, de 23 años, quien presuntamente la atacó con un arma punzocortante. La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGEP) lo detuvo en cumplimiento de una orden de aprehensión y fue ingresado al Centro de Reinserción Social de Huauchinango. Pero esta detención, aunque importante, dista mucho de cerrar el caso.
Porque este no es solo el feminicidio de Fanny. Es también el intento de borrarlo.
Según confirmó el propio alcalde Carlos Barragán Cruz, la familia del presunto feminicida intentó hacer pasar el asesinato como un suicidio. Y peor aún: pobladores y colectivos feministas han denunciado que esa misma familia ayudó a limpiar la escena del crimen y obstaculizó la investigación. Lo hicieron con total impunidad, sin que hasta ahora se hayan presentado cargos en su contra. Si esto no es encubrimiento, ¿entonces qué es?
Mientras tanto, Fanny ya había alertado sobre una situación de acoso en redes sociales días antes de su muerte. En una publicación reveló que un hombre —del cual no dio nombre— la había fotografiado sin consentimiento y subido esas imágenes a sus estados, comentando cosas que la incomodaban. Ella expresó su malestar y su deseo de que “algún día los hombres entiendan lo que es el respeto”. Ese día no llegó para ella.
Las omisiones institucionales son también parte de esta tragedia. No fue sino hasta que colectivos feministas convocaron una marcha en Xicotepec y la presión ciudadana creció, que las autoridades comenzaron a emitir comunicados con avances del caso. La titular de la FGE, Idamis Pastor, dio a conocer la detención durante la conferencia del gobernador Alejandro Armenta, quien reveló que Diego había sido detenido inicialmente por alterar el orden público. ¿Y si no lo hubieran detenido por eso? ¿Estaríamos ahora contando otra historia?
El caso de Fanny vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de actuar con perspectiva de género y sin dilaciones. Y también plantea una pregunta incómoda: ¿cuántos feminicidios se quedan impunes por la complicidad de familiares, por la negligencia de las autoridades o por la indiferencia general?
Mientras colectivas como “Vivas Nos Queremos Xicotepec” y habitantes de la comunidad exigen justicia y cárcel no solo para el presunto asesino, sino para quienes intentaron borrar las huellas del crimen, el silencio institucional sobre el encubrimiento comienza a ser tan escandaloso como el propio feminicidio.
Fanny fue enterrada entre gritos de justicia y flores que no deberían estar ahí. Dejó una vida truncada, proyectos que no alcanzaron a ver la luz y un dolor colectivo que no se disipa. Pero también dejó preguntas que no podemos dejar de hacer: ¿por qué nadie la protegió? ¿Quiénes la revictimizaron intentando encubrir el crimen? ¿Qué harán las autoridades para castigar a todos los responsables?
Porque no basta con atrapar al agresor. También hay que desmantelar el pacto de silencio, el blindaje social e institucional que permite que los feminicidas no solo maten, sino que además cuenten con cómplices que limpian la sangre y destruyen las pruebas.
