La promesa de sanear la administración pública y erradicar la corrupción heredada del gobierno de Javier Duarte fue uno de los principales estandartes del exgobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. Sin embargo, los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la Cuenta Pública 2023 revelan que el sistema de salud estatal terminó más enfermo que nunca.
Con un presunto daño patrimonial que supera los dos mil millones de pesos —la cifra más alta registrada en el sector—, el desfalco se habría materializado mediante un esquema que difícilmente podría llamarse nuevo: adjudicaciones directas a empresas fantasma o de reciente creación, muchas con vínculos a escándalos previos. Según la ASF, se detectaron irregularidades en contratos por al menos mil 600 millones de pesos que carecen de justificación comprobable, lo que derivó en la apertura de 24 investigaciones administrativas.
En el centro de este entramado aparece un nombre recurrente: Jorge Eduardo Sisniega Fernández, exdirector administrativo de la Secretaría de Salud del estado y figura cercana a García Jiménez. Aunque la secretaría cambió de titular en tres ocasiones —con Roberto Ramos Alor, Gerardo Díaz Morales y Guadalupe Díaz del Castillo—, el control operativo y financiero permaneció bajo el mando de Sisniega durante todo el sexenio. Esta concentración de poder administrativo facilitó, según los informes, la continuidad de prácticas opacas.
Uno de los contratos más cuestionados es el adjudicado a Productos Serel, empresa que recibió más de 290 millones de pesos entre 2020 y 2023 por el servicio de alimentos en hospitales estatales. La firma es parte del Corporativo Kosmos, ampliamente señalado por prácticas irregulares como el suministro de comida en mal estado y por su presunto rol en el llamado “Cártel de la Comida”. Pese a que sus cuentas fueron congeladas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de García no solo mantuvo, sino que incrementó su relación comercial con dicha empresa.
Más allá de los montos y los nombres, el caso expone la permanencia de viejas prácticas bajo el discurso de renovación política. Lo que debía ser una transformación se tradujo en la reproducción de esquemas de corrupción que ya habían sido denunciados en administraciones anteriores, pero ahora amparados bajo nuevas banderas partidistas.
A la fecha, ni el exgobernador ni Sisniega han emitido declaraciones públicas. Mientras tanto, las investigaciones siguen su curso, aunque la historia reciente en México sugiere que los procesos judiciales contra figuras políticas suelen diluirse con el tiempo o en el ruido electoral. La salud pública, en cambio, no tiene ese lujo: paga cada omisión con camas vacías, hospitales colapsados y ciudadanos sin acceso a medicamentos.
