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viernes, diciembre 5, 2025

Estados Unidos no puede atacar con drones a cárteles mexicanos, afirma alto funcionario del Pentágono

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A pesar de su designación como organizaciones terroristas, el Ejército estadounidense no está facultado legalmente para emprender acciones militares directas, aclara Colby Jenkins

Tras la filtración de presuntos planes de la administración de Donald Trump para utilizar drones armados en ataques contra cárteles de la droga en México, un alto funcionario del Pentágono rechazó tajantemente que dicha medida se encuentre dentro del marco de acción autorizado para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Durante una comparecencia ante una comisión del Senado este martes, Colby Jenkins, subsecretario de Defensa para Operaciones Especiales, subrayó que, aunque el gobierno estadounidense ha clasificado a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, esta designación no otorga facultades legales al Ejército para llevar a cabo operaciones ofensivas como bombardeos con drones en territorio extranjero sin consentimiento expreso del país afectado.

Colby Jenkins, quien actualmente trabaja como subsecretario de Defensa para operaciones especiales, manifestó a una comisión del Senado que la designación de Trump no otorga automáticamente al ejército de Estados Unidos la autoridad para tomar acciones directas contra los cárteles.

Bajo el cuestionamiento de la senadora Elissa Slotkin, una demócrata de Michigan, Jenkins expresó que esto “nos ayuda a abrir las puertas” para un enfoque gubernamental más amplio al problema de las drogas.

“La designación como organizaciones terroristas permite al gobierno estadounidense adoptar un enfoque interinstitucional más robusto contra el narcotráfico, pero de ninguna manera habilita ataques militares”, declaró Jenkins, al responder a preguntas sobre las versiones difundidas en medios y redes sociales.

Las declaraciones del funcionario contrastan con lo publicado por el empresario Elon Musk, asesor informal del presidente Trump, quien el pasado 19 de febrero escribió en su cuenta de X (antes Twitter): “Eso significa que son elegibles para ataque con drones”, minutos después de que se anunciara la designación de ocho cárteles mexicanos bajo la categoría de organizaciones terroristas. El comentario avivó la polémica sobre una eventual militarización del combate al narcotráfico, en especial con el uso de fuerza letal a través de tecnología no tripulada.

De acuerdo con una investigación de la cadena NBC News, la administración Trump estaría evaluando seriamente esta posibilidad. Fuentes militares, de inteligencia y de agencias federales consultadas por el medio indicaron que la estrategia aún se encuentra en una fase preliminar, pero incluiría tanto el uso de drones armados como operaciones encubiertas sin la autorización del gobierno mexicano. Asimismo, se reporta un aumento en los vuelos de vigilancia del Ejército estadounidense y de la CIA sobre zonas clave de operación de los cárteles, con el objetivo de recopilar inteligencia y establecer una plataforma de objetivos militares.

Ante estas revelaciones, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada durante su conferencia “La Mañanera del Pueblo”. En su respuesta, dejó claro que su gobierno está dispuesto a cooperar con Estados Unidos y otras naciones en la lucha contra el crimen organizado, siempre que dicha colaboración respete la soberanía nacional.

“Lo hemos dicho de manera pública y lo reiteramos: no estamos de acuerdo con ningún tipo de intervención extranjera. Nos coordinamos, colaboramos, pero no nos subordinamos ni permitimos injerencias”, afirmó la mandataria.

La tensión diplomática en torno a este tema no es nueva. En años recientes, legisladores republicanos han impulsado medidas para autorizar el uso de la fuerza militar contra los cárteles mexicanos, argumentando que representan una amenaza directa a la seguridad nacional estadounidense debido a la crisis por el tráfico de fentanilo. Sin embargo, expertos legales y diplomáticos han advertido que una acción militar sin el consentimiento del gobierno mexicano violaría el derecho internacional y podría desencadenar un conflicto binacional de consecuencias impredecibles.

Vía Guardianes

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