- En un pronunciamiento, 364 familiares y 158 colectivos de familiares de personas desaparecidas, 108 organizaciones sociales y 272 activistas, respaldaron la decisión colegiada del CED de activar el mecanismo previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional
Ante las denostaciones al Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de Naciones Unidas lanzadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, el oficialismo en el Congreso de la Unión y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), colectivos y familiares de personas desaparecidas, así como organizaciones sociales y activistas respaldaron “de manera contundente” al órgano de tratado y a su presidente Olivier de Frouville.
En un pronunciamiento, 364 familiares y 158 colectivos de familiares de personas desaparecidas, 108 organizaciones sociales y 272 activistas, respaldaron la decisión colegiada del CED de activar el mecanismo previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas en el caso de México, y que sido solicitado por las familias de víctimas desde 2015, “frente a una crisis sostenida y en aumento” en el que “el acompañamiento de la ONU es indispensable”.
El mecanismo aprobado por el CED consiste en pedir a México información relacionada con la situación de desapariciones en el país, con la posibilidad de “llevar la cuestión con carácter de urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas”.
“El artículo 34 no es una amenaza, es esperanza, al ser el último recurso que la comunidad internacional ofrece cuando un Estado no responde ante una crisis humanitaria”, destacaron los firmantes, tras alentar al gobierno de Claudia Sheinbaum a cambiar su postura.
Para las familias de víctimas el pronunciamiento aprobado por Morena y sus aliados en el Senado por el que se piden sanciones para el presidente del CED, “representa una negación oficial del contexto de violencia que viven cientos de miles de familias en el país”.
Los cientos de firmantes reprobaron el rechazo de representantes del Estado mexicano de una realidad en la que, oficialmente hay más de 125 mil personas desaparecidas, y hacerlo “en un contexto donde el país ha sido nuevamente confrontado con el horror, evidenciado por el hallazgo del Rancho Izaguirre en Jalisco”.
Agregaron que “negar a las familias el derecho a contar con mecanismos internacionales (…) no contribuye a generar un clima de confianza, ni demuestra una verdadera apertura a soluciones como se ha anunciado desde la presidencia”, con la consulta a colectivos de familiares de víctimas para realizar modificaciones legislativas.
“Lo que necesitamos no son negaciones ni discursos evasivos, sino cooperación internacional, verdad y justicia”, apuntaron las familias de desaparecidos, organizaciones y activistas firmantes.
Puntualizaron que el deber “de investigar y sancionar estos delitos, así como esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales e integrantes del crimen organizado que han cometido este abominable delito, corresponde únicamente al Estado y no a las familias”.
Por ello, recordaron que “la aquiescencia también es una forma de desaparición”, de ahí que “sólo con cooperación internacional y escrutinio independientes México podrá encontrar una verdadera solución a la realidad de la desaparición forzada, y es ahí donde el gobierno debe colaborar”.
Los 364 familiares y 158 colectivos de familiares de personas desaparecidas, las 108 organizaciones y 272 personas solidarias, consideraron que “el momento exige verdad no neutralidad” y llamaron a la sociedad mexicana a sumarse a su exigencia para que el gobierno de Sheinbaum cambie su actitud para detener de una vez por todas las desapariciones en el país.
“La desaparición forzada no puede negarse. Es un crimen contra la humanidad que continúa cometiéndose mientras la persona siga desaparecida. Duele, destruye, desgarra y no debe repetirse jamás”, sentenciaron los cientos de familiares de manera individual e integrados en colectivos de búsqueda de Guanajuato, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, Ciudad de México, Veracruz, Baja California, Sonora, Guerrero, Estado de México, Morelos, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, Zacatecas, así como de familiares de migrantes desaparecidos en México procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras.
