La anulación de la megalicitación de medicamentos e insumos médicos por presuntos sobreprecios —equivalentes a contratos por más de 13 mil millones de pesos— marcó un punto de quiebre en el proceso de compras públicas del sector salud. Ante el escándalo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció medidas que van desde la inhabilitación de empresas hasta la cancelación de contratos ya adjudicados. “Nunca más va a poder ser contratado el medicamento con esa empresa”, enfatizó.
El foco de la controversia es la Compra Consolidada de Medicamentos 2025-2026, que contemplaba 175 claves de insumos. De estas, alrededor del 6% presentaban irregularidades por adjudicación a precios inflados o a proveedores que no eran los productores directos, lo que derivó en la intervención de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Como resultado inmediato, cuatro funcionarios de Birmex fueron removidos, incluido su director general, Iván de Jesús Olmos.
La mandataria defendió el rediseño del proceso de compras públicas a través de una estrategia de subasta inversa, ya prevista en las recientes reformas a la Ley de Adquisiciones. Este mecanismo busca que los productores de medicamentos compitan directamente ante las instituciones por ofrecer el mejor precio y calidad, sin los tiempos prolongados que suelen caracterizar las licitaciones tradicionales.
Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción, subrayó que el rediseño del proceso tiene tres prioridades claras: comprar directamente al fabricante, garantizar precios justos y asegurar una entrega rápida a hospitales y centros de salud. De hecho, Sheinbaum reiteró que ya se están distribuyendo medicamentos bajo este nuevo esquema.
Aunque las empresas señaladas no han sido nombradas públicamente, la postura del gobierno federal es tajante: aquellas involucradas en prácticas de sobreprecio no tendrán cabida en futuras contrataciones. La presidenta insistió en que los procedimientos administrativos ya están en marcha para invalidar los contratos irregulares y castigar económicamente a los proveedores implicados.
La narrativa oficial apunta hacia una depuración del sistema de adquisiciones públicas heredado de administraciones pasadas, cuya opacidad generó sobrecostos, retrasos y desabasto. La promesa de una nueva etapa en la compra de medicamentos viene acompañada de una advertencia directa: quien intente lucrar con el sector salud será excluido del sistema.
