En vísperas de la Feria Nacional de San Marcos, el Congreso de Aguascalientes aprobó una reforma legal que convierte en delito la interpretación o reproducción de narcocorridos en eventos públicos y privados. Con 20 votos a favor y seis en contra, la modificación al artículo 178 del Código Penal estatal crea el nuevo tipo penal de “provocación a cometer un delito o apología del delito”, bajo el argumento de que estas canciones exaltan y justifican prácticas delictivas.
La ley —promovida por el PAN y respaldada por el PRI— establece penas que van de 6 meses a un año de prisión, además de multas de entre 500 y 1,000 UMAs, lo que equivale a montos que oscilan entre los 56 mil y 113 mil pesos. Además, quienes difundan este tipo de contenidos a menores podrían enfrentar penas de hasta dos años, y los inmuebles donde se interpreten podrían recibir sanciones superiores al millón de pesos. El delito se perseguirá de oficio.
Los argumentos esgrimidos por los legisladores locales apuntan a que no se trata de un atentado a la libertad de expresión, sino de una medida para frenar narrativas que “glorifican la delincuencia” y promueven una cultura de la violencia. La diputada Alma Hilda Medina aclaró que incluso recintos privados como el Palenque de la Feria serán susceptibles de sanción si permiten estas interpretaciones. Por su parte, el diputado Rodrigo Cervantes explicó que la apología se refiere a cualquier defensa o exaltación de una causa ilícita, subrayando el “deber jurídico de proteger a la sociedad”.
El gobierno estatal, encabezado por Teresa Jiménez, aseguró que la finalidad es garantizar un ambiente pacífico durante las festividades y promover una cultura libre de violencia. La gobernadora advirtió que se enviarán cartas a representantes de artistas como Natanael Cano, Gabito Ballesteros y Junior H —quienes figuran en la cartelera del palenque— para informarles de las consecuencias legales de interpretar canciones relacionadas con el narcotráfico.
Con esta reforma, Aguascalientes se suma a entidades como Michoacán, Nayarit, Chihuahua, Jalisco y Quintana Roo, que ya han adoptado restricciones similares. Sin embargo, solo Nayarit, Estado de México y ahora Aguascalientes han legislado de forma específica contra este tipo de contenidos, elevándolos a rango penal.
El contraste lo ofrece el discurso federal. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno con aspiraciones presidenciales, ha declarado que no se pronunciará por la prohibición, sino por una estrategia educativa que impulse otros géneros musicales y fomente la reflexión social. “Es mejor la formación para que la sociedad haga a un lado estos contenidos”, afirmó.
La nueva ley ha reabierto el debate sobre los límites entre libertad de expresión, censura cultural y prevención del delito. Mientras el Congreso de Aguascalientes afina su cruzada normativa, en las calles y redes sociales la discusión continúa: ¿es esta una batalla contra el crimen o un silenciamiento de voces incómodas dentro de un género que refleja una realidad que ya existe?
