En un país donde las fosas se cuentan por decenas y las versiones oficiales suelen ir a contracorriente de las evidencias ciudadanas, el caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, no es la excepción. A dos meses de que madres buscadoras denunciaran públicamente la existencia de un posible sitio de exterminio, la Fiscalía General de la República (FGR) cerró filas en torno a una narrativa: ahí no hubo cremaciones. Punto.
El fiscal Alejandro Gertz Manero ha repetido en varias ocasiones que “no hay una sola prueba” de que en ese lugar se incineraran cuerpos. Según sus declaraciones más recientes, lo que se encontró fueron zanjas y fogatas cuya temperatura no rebasó los 200 grados, muy lejos de los 800 requeridos para una cremación humana. Apoyado en análisis de la UNAM, Gertz descartó así las denuncias hechas por los colectivos de búsqueda, que previamente habían mostrado restos óseos calcinados encontrados en el sitio.
El rancho, rebautizado mediáticamente como “Izaguirre”, habría operado como centro de reclutamiento y entrenamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación desde al menos 2021, según la propia FGR. Así lo habrían advertido la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y autoridades locales, aunque sin que se presentara denuncia federal alguna. Solo tras un enfrentamiento en 2024 y la detención de diez personas —entre ellas, policías y un presunto operador apodado “Comandante Lastra”— fue que la FGR intervino.
Entre lo hallado en el rancho destacan ojivas, casquillos, armas y equipo de entrenamiento, pero ni cadáveres ni osamentas completas. Se menciona una vasija con “huesos pequeños”, aún bajo análisis, y una serie de bolsas con ropa que recién fueron entregadas a la FGR y que podrían ser clave para las familias de personas desaparecidas. Sin embargo, aún no hay claridad sobre el origen ni la manipulación de esas prendas, y no se descarta que algunas hayan sido “colocadas” posteriormente, según el propio fiscal.
Más allá de lo técnico, el tema remite a un patrón persistente: el retraso, la omisión y la burocracia. La FGR alega que no pudo actuar en 2021 porque no se presentó denuncia federal, y responsabiliza a autoridades estatales por no cumplir con su “obligación constitucional”. Pero el razonamiento parece más una coartada que una justificación, considerando que la información era pública y que, como reconoció Gertz, la Guardia Nacional tampoco notificó formalmente los hallazgos tras el enfrentamiento.
El fiscal también se desmarcó de cualquier vínculo del caso con el exgobernador Enrique Alfaro, aunque sí reconoció que se investiga a funcionarios que podrían haber encubierto las actividades del CJNG en la zona. Mientras tanto, los procesos judiciales avanzan contra 14 personas, incluidos funcionarios municipales. Y como suele ocurrir, los únicos que no tienen descanso son los colectivos de búsqueda.
En su discurso, Gertz prometió que “lo que salga lo vamos a dar a conocer” y que la FGR trabaja con “honorabilidad y decencia”. Pero la desconfianza pública no se disipa con ruedas de prensa ni con la apertura “al escrutinio” del lugar. En un país donde los datos forenses son rebatidos por madres que cavan con sus propias manos, el silencio de los huesos pesa más que cualquier declaración oficial. Y esa vasija, diminuta pero elocuente, sigue hablando desde el fondo del abandono institucional.
