A dos años del incendio que mató a 40 personas y dejó a otras 27 con secuelas físicas y psicológicas en la estación migratoria de Ciudad Juárez, el proceso judicial contra Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), se tambalea entre formalismos jurídicos y resoluciones que apuntan más a proteger al funcionario que a garantizar justicia para las víctimas.
La reciente validación de la suspensión condicional del proceso penal contra Garduño por parte del Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito desató una ola de críticas desde la sociedad civil organizada. La Fundación para la Justicia y otras agrupaciones acusaron “impunidad y justicia selectiva” al considerar que el mecanismo legal empleado permite que un funcionario público evite responsabilidades personales en un caso de violaciones graves a derechos humanos.
La suspensión se justifica, según los magistrados, en que se cumplió con el pago de la reparación del daño a 35 víctimas. Pero lo que para el tribunal fue suficiente, para las organizaciones es un vacío legal: Garduño no pagó con recursos propios, sino que el dinero provino del erario, lo que incumple el principio de responsabilidad individual señalado en el Código Nacional de Procedimientos Penales. En resumen, el Estado se paga a sí mismo para exculpar a su funcionario.
Además, la audiencia donde se concedió inicialmente la suspensión se llevó a cabo pese a la existencia de amparos pendientes. Una irregularidad más que, lejos de subsanarse, fue confirmada por el tribunal de apelación.
En paralelo, Garduño intentó adelantar una disculpa pública el 16 de abril como parte del cumplimiento del acuerdo judicial que permitiría continuar el proceso por una vía alterna. Sin embargo, ni las víctimas ni sus representantes fueron notificados previamente, y la fecha fue impuesta de forma unilateral. Esto encendió las alarmas y motivó la intervención de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que obligó a replantear el acto bajo criterios de justicia restaurativa real.
Como resultado de una reunión celebrada el 14 de abril entre la CEAV, abogados de las víctimas y la defensa de Garduño, se acordó reagendar la ceremonia para el 2 de mayo de 2025, con nuevas condiciones: se realizará en Ciudad Juárez, con participación presencial y remota de las víctimas, traducción a los idiomas mayas K’iche’ y Q’anjob’al, cobertura mediática internacional y derecho de réplica para las familias. También se exigió que Garduño cubra los gastos de traslado y alojamiento, aunque hay dudas sobre si estos recursos realmente saldrán de su bolsillo o del presupuesto público.
La abogada Yesenia Valdez advirtió que, aunque el evento puede tener valor simbólico, no debe confundirse con una reparación integral del daño, que en términos legales sigue sin cumplirse. Por lo tanto, las organizaciones interpondrán un amparo para revertir la suspensión del proceso, buscando que se responsabilice penalmente a Garduño, no solo como funcionario, sino como individuo.
Mientras tanto, once personas más enfrentan procesos judiciales por su papel en la tragedia. Sin embargo, Valdez lamenta que ninguna de las investigaciones haya abordado de fondo las condiciones estructurales del INM que permitieron el incendio ni la omisión de antecedentes similares bajo la gestión de Garduño.
La llegada del exgobernador de Puebla, Sergio Salomón, como próximo titular del INM a partir del 1 de mayo, fue anunciada por Claudia Sheinbaum como parte de un proceso de transición acordado con el gobierno de Estados Unidos. La salida de Garduño, sin embargo, parece más un cambio cosmético que una medida de justicia, considerando que su proceso judicial continúa bajo un paraguas de privilegios procesales.
Para las organizaciones defensoras de derechos humanos, lo ocurrido no solo deja en evidencia las fallas institucionales para garantizar justicia, sino también refuerza la percepción de que existe un aparato de protección para funcionarios de alto nivel. En palabras de Valdez: “pareciera que hay todo un mecanismo estatal para ayudar al señor Garduño a salir limpio de esto”.
Aun cuando la investigación formal sigue abierta, la posibilidad de revertir el proceso se reduce cada día. La figura legal del “non bis in ídem” —que prohíbe juzgar dos veces por los mismos hechos— podría sellar, en los hechos, la impunidad. El riesgo, advierten las organizaciones, es que esta suspensión se convierta en sentencia disfrazada, y el incendio de Ciudad Juárez, en un caso más archivado sin justicia.
