En los pasillos del poder estadounidense, la administración de Donald Trump —sí, otra vez él— está cocinando una estrategia que pone los pelos de punta: ataques con drones armados en territorio mexicano dirigidos contra cárteles de la droga. La idea, aún en fase preliminar según reportes de NBC News, se apoya en seis fuentes vinculadas a inteligencia, ejército y cuerpos de seguridad, quienes afirman que no solo se contemplan operaciones conjuntas con México, sino también acciones unilaterales encubiertas sin su consentimiento.
El plan, tan ambicioso como problemático, incluiría bombardear a líderes del crimen organizado y sus redes logísticas dentro de México. Esto marcaría un giro radical respecto a las operaciones previas de cooperación bilateral, donde la participación estadounidense se limitaba principalmente a tareas de inteligencia o asesoría táctica. Ahora, se habla de drones de combate y posibles incursiones directas con personal militar. No es solo una escalada en términos de tecnología, sino también de soberanía.
La narrativa que justifica esta posibilidad gira en torno a la seguridad nacional: el narcotráfico —más allá de su impacto social y de salud pública— es presentado por la Casa Blanca como una amenaza directa a los Estados Unidos. En este contexto, el Ejército estadounidense y la CIA ya habrían intensificado los vuelos de vigilancia sobre territorio mexicano, con el argumento de “construir una plataforma de objetivos”. Un eufemismo técnico que suena más a la antesala de un operativo que a un intercambio diplomático.
Pero el problema no es solo el “qué”, sino el “cómo” y el “con quién”. Según las fuentes, el gobierno de Trump aún no ha solicitado de manera formal al gobierno mexicano permiso para lanzar estos ataques, aunque los vuelos de vigilancia sí han contado con autorización de las autoridades mexicanas. En este contexto ambiguo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara: ni drones ni bombas en México. “Eso no va a ocurrir”, declaró, asegurando que su gobierno privilegia estrategias sustentadas en inteligencia, investigación y atención a las causas estructurales del narcotráfico.
A diferencia del entusiasmo de algunos asesores de Trump, que consideran que “todas las cartas están sobre la mesa”, desde México se advierte que una incursión armada sin consentimiento violaría el derecho internacional. No es un detalle menor: este tipo de acciones puede comprometer profundamente la cooperación binacional en temas cruciales como la migración o el intercambio de inteligencia.
La historia de intervenciones extranjeras bajo el argumento de la seguridad nacional ya es bien conocida en América Latina. La posibilidad de que esta historia se repita bajo la forma de ataques con drones no solo despierta dudas jurídicas, sino también éticas y geopolíticas. ¿Es realmente este el camino más eficaz —o legítimo— para combatir el narcotráfico? ¿O estamos presenciando otro capítulo de espectáculo político disfrazado de estrategia de seguridad?
Si algo queda claro es que, más allá de los discursos de fuerza, hay una tensión no resuelta entre la necesidad de resultados inmediatos y el respeto a la soberanía de los países aliados. Y mientras esa tensión persista, la amenaza de los drones no solo sobrevuela los cielos mexicanos, sino también el frágil equilibrio de la relación bilateral.
