La Universidad de Harvard está en el centro de un conflicto institucional con la administración de Donald Trump, luego de que esta última condicionara más de 9 mil millones de dólares en fondos federales a la implementación de medidas que, según académicos y directivos, violan la libertad de expresión y la autonomía académica.
La ofensiva del gobierno federal incluye una revisión de más de 8,700 millones de dólares en subvenciones y 255 millones en contratos con la universidad, con demandas como eliminar programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), prohibir el uso de mascarillas durante protestas (común entre manifestantes propalestinos) y reformar políticas de admisión y contratación. La carta enviada por agencias federales a Harvard exige también revisar programas “que alimentan el acoso antisemita” y responsabilizar a estudiantes por violaciones políticas en las manifestaciones por la guerra en Gaza.
Harvard respondió tajante. El presidente Alan M. Garber rechazó las condiciones impuestas, calificándolas como una intromisión directa en las condiciones intelectuales de la universidad y una amenaza a los derechos constitucionales que rigen a las instituciones privadas. “No renunciaremos a nuestra independencia ni a nuestros derechos constitucionales”, afirmó. También enfatizó que combatir el antisemitismo no debe hacerse a costa de suprimir el pensamiento crítico, la disidencia y la diversidad ideológica.
La tensión escaló cuando Trump anunció la congelación de 2,200 millones de dólares en subvenciones, acusando a la universidad de convertirse en “una entidad política” que debería perder sus exenciones fiscales. En su red Truth Social, el expresidente insistió en que Harvard y otras universidades estarían promoviendo discriminación y antisemitismo, y que por tanto no deberían recibir dinero de los contribuyentes. A diferencia de universidades como Columbia, que cedieron parcialmente a las exigencias, Harvard mantuvo su postura de resistencia.
Frente a estas amenazas, el capítulo de Harvard de la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios (AAUP) y su brazo nacional presentaron una demanda para bloquear legalmente las represalias federales. Andrew Crespo, profesor de derecho y asesor legal del capítulo local de la AAUP, declaró que el gobierno está usando su poder para “silenciar a los críticos y suprimir discursos que no le gustan”, lo cual, sostuvo, es incompatible con la Primera Enmienda.
Nikolas Bowie, otro profesor de derecho, calificó las demandas de Trump como “absolutamente autoritarias”, argumentando que su cumplimiento implicaría censurar la libertad de expresión y alterar los contenidos de enseñanza e investigación. Además, se ha denunciado que el plan del gobierno incluye exigencias de cooperación con el Departamento de Seguridad Nacional, en lo que algunos ven como una militarización del espacio académico.
En apoyo a Harvard, el expresidente Barack Obama sostuvo que ningún gobierno —sea del partido que sea— debe dictar qué pueden enseñar las universidades privadas, ni a quién contratar o admitir. Aplaudió que la institución se mantenga firme en favor de un entorno de debate riguroso y respeto mutuo.
Este choque no sólo es jurídico, sino también simbólico: enfrenta dos visiones sobre el papel de la universidad en una democracia. De un lado, una administración que intenta moldear la agenda educativa desde el poder; del otro, una institución que insiste en que la libertad académica no puede negociarse, ni siquiera a cambio de miles de millones de dólares.
