La consultoría global KPMG presentó recientemente su estudio “Impacto de los delitos financieros en México 2024”, un análisis exhaustivo que revela la magnitud, evolución y consecuencias de actividades ilícitas como el lavado de dinero, el fraude, la evasión fiscal y la corrupción en el país
La consultoría global KPMG presentó recientemente su estudio “Impacto de los delitos financieros en México 2024”, un análisis exhaustivo que revela la magnitud, evolución y consecuencias de actividades ilícitas como el lavado de dinero, el fraude, la evasión fiscal y la corrupción en el país. Este documento, basado en datos cuantitativos y cualitativos, destaca cómo estos delitos afectan la economía, la estabilidad institucional y la confianza de inversionistas, además de proponer soluciones multisectoriales. En un contexto donde México enfrenta desafíos como la digitalización de servicios financieros y el fortalecimiento de redes criminales, el estudio se posiciona como una herramienta clave para entender y combatir estas amenazas.
Objetivos del Estudio
El informe busca:
- Analizar tendencias de delitos financieros entre 2020 y 2024.
- Cuantificar el impacto económico** en el PIB y sectores clave.
- Evaluar la eficacia del marco regulatorio mexicano.
- Identificar vínculos entre crimen organizado y corrupción.
- Proponer estrategias para mitigar riesgos mediante tecnología y cooperación.
Metodología
KPMG combinó enfoques cuantitativos y cualitativos:
– Datos oficiales: Estadísticas de la CNBV, SAT, UIF y organizaciones internacionales.
– Modelos económicos: Para estimar pérdidas en PIB (2-3.5% anual) y empleo.
– Entrevistas: Más de 100 actores, incluyendo autoridades, instituciones financieras y expertos en compliance.
– Análisis de casos: Estudios emblemáticos de lavado de dinero y fraude corporativo.
Hallazgos Principales
- Tipos de Delitos y su Evolución
– Lavado de dinero (45% de los casos): Uso de sectores como bienes raíces, comercio internacional y criptomonedas (ej. stablecoins).
– Fraude financiero (30%): Aumento del 40% en fraudes cibernéticos (phishing, ransomware) desde 2020.
– Evasión fiscal (20%): Uso de empresas fantasma y precios de transferencia en multinacionales.
– Corrupción (5%): Vinculada a contratos públicos y sobornos en licitaciones.
- Impacto Económico
– Pérdidas anuales: Entre USD 25,000 y USD 40,000 millones (2-3.5% del PIB).
– Sectores más afectados:
– Financiero: Lavado mediante cuentas de inversión y préstamos falsos.
– Comercio exterior: Subfacturación en exportaciones de autopartes y productos agrícolas.
– Tecnología: Fraudes con pagos digitales y robo de datos.
- Desafíos Regulatorios
– Insuficiencia presupuestaria: Solo el 30% de las instituciones cuentan con herramientas tecnológicas avanzadas.
– Fragmentación legal: Duplicidad de funciones entre la UIF y la Fiscalía Anticorrupción.
– Capacitación limitada: 60% de los funcionarios no están entrenados en ciberseguridad.
- Tecnología: Arma de Doble Filo
– Herramientas criminales:
– Criptomonedas: Transacciones anónimas en plataformas no reguladas.
– Dark web: Venta de datos bancarios y malware.
– Soluciones tecnológicas:
– Inteligencia Artificial: Detección de patrones sospechosos en transacciones.
– Blockchain: Trazabilidad en contratos públicos para prevenir corrupción.
- Vinculación con Crimen Organizado
– Carteles: Hasta el 25% de sus ingresos se lavan mediante negocios legales (ej. gasolineras y minería).
– Colusión gubernamental: 15% de los casos investigados involucran a funcionarios públicos.
Consecuencias Multidimensionales
– Económicas:
– Reducción del 12% en Inversión Extranjera Directa (IED) desde 2022.
– Aumento del costo crediticio para PYMEs debido al riesgo país.
– Sociales:
– Incremento de la desigualdad: USD 7,000 millones anuales no recaudados en impuestos.
– Erosión de confianza: Solo el 34% de los mexicanos confía en las instituciones financieras.
Recomendaciones de KPMG
- Fortalecimiento regulatorio:
– Crear una agencia nacional anticorrupción con autonomía presupuestaria.
– Armonizar leyes federales y estatales contra el lavado.
- Inversión en tecnología:
– Adoptar RegTech para monitoreo en tiempo real.
– Colaborar con FinTechs para desarrollar sistemas antifraude.
- Cooperación internacional:
– Compartir inteligencia financiera con países del T-MEC y la OCDE.
- Educación y cultura de compliance:
– Capacitar a 50,000 empleados del sector público en ciberseguridad para 2025.
El estudio de KPMG subraya la urgencia de un enfoque integrado que combine regulación, tecnología y educación para proteger la economía mexicana. Con proyecciones de que los delitos financieros crecerán un 20% para 2026 si no se actúa, el informe sirve como llamado a la acción para sectores público y privado. La implementación de sus recomendaciones podría recuperar hasta USD 15,000 millones anuales, fortaleciendo así el crecimiento inclusivo y la seguridad jurídica.
