Este 1 de junio, más de 10 millones de ciudadanos están llamados a las urnas para decidir quién ocupará 881 cargos en el Poder Judicial de la Federación. La reforma que lo permite, impulsada por Andrés Manuel López Obrador, ya es de por sí polémica; pero lo que realmente ha encendido los reflectores es quién puede —y quién no— hablar de ella.
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha puesto un freno tajante: ni el gobierno federal, ni los estatales, ni ningún funcionario público podrán promover la participación ciudadana en esta elección. Tampoco pueden difundir perfiles de candidatos ni organizar espacios para que los conozcas. ¿La razón? Porque no es lo mismo informar que influir. Y cuando quien informa tiene favoritos, la línea se vuelve peligrosamente delgada.
No es paranoia institucional. Basta con recordar que días antes del arranque oficial de campañas, el gobierno federal ya estaba lanzando spots para “invitar a votar”. Lo hizo desde Palacio Nacional, con recursos públicos, en plena conferencia matutina. ¿Neutralidad? Difícil de creer cuando tres ministras en funciones —Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres— buscan reelegirse, todas cercanas al oficialismo. Si el gobierno promueve el voto, ¿de verdad lo hará sin inclinar la balanza?
Por eso el INE fue claro: la promoción del voto es su responsabilidad exclusiva. El artículo 134 constitucional y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales no dejan lugar a interpretaciones. Solo el árbitro puede hablar en nombre del proceso, justamente para que ningún jugador meta gol en fuera de lugar. La consejera Claudia Zavala lo resumió bien: la difusión debe ser “imparcial, equitativa e independiente”. Algo que, con todo respeto, el Ejecutivo no está en condiciones de garantizar.
Pese a ello, la presidenta Claudia Sheinbaum ya avisó que apelará la resolución. Asegura que el objetivo del gobierno no es orientar el voto, sino fomentar la participación. Pero incluso esa supuesta buena intención puede disfrazar sesgos. Porque, aunque no lo digan con todas sus letras, el eco institucional siempre favorece a quien tiene el micrófono más grande.
Mientras tanto, el INE no solo prohíbe; también actúa. Ya capacitó a miles de observadores electorales, aprobó más de 2,600 acreditaciones ciudadanas y ha realizado más de 16,000 acciones de difusión. Porque sí, se puede promover la democracia sin convertir el proceso en un reality de popularidad.
En esta elección histórica, lo verdaderamente transformador no es que votemos por jueces, sino que lo hagamos con garantías reales de imparcialidad. Y eso empieza por callar a quienes, por poderosos que sean, no están llamados a narrar el partido.
