En los tribunales estadounidenses, el nombre de Ismael “El Mayo” Zambada ha vuelto a ocupar las primeras planas, no por una sentencia inminente, sino por el suspenso prolongado de una audiencia que ahora ha sido aplazada hasta junio de 2025. En ese aparente retraso judicial, sin embargo, se esconde una operación diplomática, legal y geopolítica de alto voltaje: la posible negociación de un acuerdo de culpabilidad que evitaría el juicio y, con suerte para él, la pena de muerte.
La Fiscalía de Estados Unidos, que acusa al exlíder del Cártel de Sinaloa de 17 delitos relacionados con el narcotráfico –incluyendo tráfico de fentanilo, metanfetaminas, y homicidios conspirativos– parece dispuesta a negociar, pero no por cortesía. Según declaraciones oficiales, tanto el gobierno estadounidense como la defensa han intercambiado material probatorio y siguen discutiendo una “resolución potencial” que evitaría el juicio, siempre y cuando el Gobierno federal termine de evaluar si solicitará la pena capital.
No es un tecnicismo menor: aunque Nueva York abolió la pena de muerte en 2004, la vía federal permite su aplicación en casos de delitos graves como el terrorismo o crímenes que derivan en epidemias de salud pública. El fentanilo –droga asociada a una ola de muertes por sobredosis en EE.UU.– convierte el caso de Zambada en terreno fértil para esa argumentación.
Mientras tanto, el abogado de Zambada, Frank Pérez, ha dicho que su cliente no desea ir a juicio y aceptaría un cargo sin pena de muerte. Pero lo que realmente está en juego va más allá de una condena: es el contenido de lo que Zambada podría entregar. Documentos presentados por la Fiscalía sugieren que el capo posee información “potencialmente clasificada”. En otras palabras, su memoria criminal podría convertirse en una moneda de cambio con valor geoestratégico, revelando décadas de redes, acuerdos y traiciones en el narcotráfico transnacional.
Este posible intercambio de información abre otra veta crítica: la intervención de México. El Mayo ha pedido formalmente su repatriación, alegando secuestro y entrega ilegal, mientras advierte que su juicio podría derivar en un “colapso” de la relación bilateral. No son palabras al azar. En diplomacia, el término “colapso” sugiere consecuencias impredecibles, y en voz de un capo con acceso a secretos de Estado, suena más a advertencia que a súplica.
La situación se agrava con el contexto reciente: México ha extraditado a 29 líderes criminales a EE.UU., entre ellos Rafael Caro Quintero. En muchos de esos casos, los procedimientos no siguieron las garantías habituales que evitan la pena de muerte. La línea entre cooperación y sumisión diplomática se ha vuelto tan delgada como difusa.
A sus 77 años, Zambada sabe que el retiro dorado del narcotráfico no existe. Su legado, sin embargo, podría escribirse no en las calles de Sinaloa, sino en las actas confidenciales de un tribunal de Brooklyn. La pregunta ya no es si será condenado, sino cuánto está dispuesto a contar y a quién le conviene que no lo haga.
