La historia del exdiplomático, académico y figura pública Andrés Roemer ha cruzado fronteras, no por sus aportes intelectuales ni su paso por organismos internacionales, sino por una larga serie de denuncias por violencia sexual que lo han colocado en el centro de una batalla judicial de carácter internacional. Tras años de evasión en Israel, el Tribunal Supremo de ese país ha rechazado la última apelación de Roemer para evitar su extradición a México, donde lo esperan múltiples órdenes de aprehensión por violación agravada y abuso sexual.
Roemer, que se refugió en Israel en 2021 tras una ola de acusaciones públicas encabezadas por más de 60 mujeres —según la agrupación Periodistas Unidas Mexicanas (PUM)—, intentó mantenerse fuera del alcance de la justicia mexicana mediante recursos legales y argumentos que han sido duramente cuestionados. Entre sus estrategias se encuentra la solicitud de asilo por supuesta persecución antisemita, la cual fue contundentemente desestimada por el juez Yosef Elron del Tribunal Supremo de Israel. En palabras del magistrado, “su encomiable labor en favor del Estado de Israel, si es que la hubo, así como su presunta persecución antisemita, no justifican que se le conceda asilo del temor a la ley por los delitos que se le atribuyen”.
Más allá de la contundencia de la resolución, el caso Roemer ha generado una discusión importante sobre el uso de identidades religiosas o culturales como escudo ante la justicia. El juez Elron señaló que la apelación del exdiplomático “no prevalecerá” y que está sujeto a la ley “como cualquier otro criminal que se esconde en Israel para no ser procesado”, una declaración que busca cerrar la puerta a la instrumentalización de la identidad judía como excusa para evadir responsabilidades penales.
Este fallo no solo representa un giro judicial relevante, sino que también resalta la complejidad diplomática del caso. México e Israel no cuentan con un tratado de extradición, lo cual dificultó durante años el proceso. A pesar de ello, el gobierno mexicano logró articular una petición respaldada por el Departamento Internacional de la Fiscalía del Estado israelí, que fue aceptada por el Tribunal Regional de Jerusalén en marzo pasado. Posteriormente, la decisión fue ratificada por la Corte Suprema, marcando el último revés legal para Roemer.
El caso evidencia, además, un patrón de comportamiento que varias denunciantes han descrito con detalle: Roemer citaba a mujeres en su domicilio con motivos laborales, para luego acosarlas, realizar tocamientos y ofrecerles dinero. Las denuncias derivaron en la emisión de una ficha roja por parte de Interpol en 2022, y finalmente, en la detención de Roemer en octubre de 2023, mientras se encontraba en territorio israelí.
Mientras la extradición se prepara —sin que hasta ahora se haya definido con claridad la fecha ni el método—, Roemer permanece bajo prisión domiciliaria y vigilancia electrónica. La justicia mexicana, por su parte, se prepara para enfrentar un caso que, más allá de lo jurídico, ha tenido un fuerte impacto simbólico: uno de los rostros más visibles del mundo académico y diplomático mexicano será llevado ante los tribunales por denuncias que reflejan una problemática estructural de violencia de género.
La extradición de Roemer no solo responde a una demanda legal, sino a una exigencia social que lleva años reclamando justicia. En un país donde la impunidad sigue siendo la norma en muchos casos de violencia sexual, la resolución de este caso podría sentar un precedente importante. No es una victoria definitiva, pero sí un paso en la dirección correcta para quienes, con valentía, alzaron la voz.
