La música, como reflejo de su tiempo, ha sido durante décadas un terreno fértil para el discurso social, político y cultural. Sin embargo, cuando dicho discurso se convierte en vehículo para glorificar la violencia, la ilegalidad o el crimen organizado, la libertad de expresión entra en tensión con la responsabilidad social. Consciente de esa delgada línea, el gobierno de Jalisco, encabezado por Pablo Lemus, ha decidido no mirar hacia otro lado y actuar frente a la creciente presencia de contenidos que promueven la apología del delito en espectáculos públicos.
La iniciativa impulsada por Lemus y presentada por el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, propone reformar la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado. Su objetivo es claro: establecer límites a espectáculos que, bajo la fachada del entretenimiento, normalizan o incluso celebran la figura de criminales como Nemesio Oseguera “El Mencho” o Joaquín “El Chapo” Guzmán. No se trata de censura, insisten desde el Ejecutivo estatal, sino de una medida ética y preventiva que busca regular lo que se transmite desde recintos públicos y privados con licencias municipales.
La propuesta surge a raíz del concierto del grupo Los Alegres del Barranco, realizado el 29 de marzo en el Auditorio Telmex, donde se proyectaron imágenes de líderes del crimen organizado. La presentación fue considerada una exaltación de figuras criminales y provocó una ola de indignación, además de una sanción económica al recinto y la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía estatal.
La reforma contempla que, para poder realizar un evento musical, los promotores deberán firmar un contrato comprometiéndose a no promover contenido que haga apología del crimen. El incumplimiento derivaría en sanciones administrativas, multas económicas e incluso en la intervención del Ministerio Público si se presume la comisión de un delito. Esta cláusula no solo aplicará a auditorios y centros culturales, sino también a bares, antros y cualquier recinto que transmita o difunda este tipo de música.
Además, Lemus ha dejado en claro que ningún artista con antecedentes de haber glorificado la violencia podrá participar en eventos organizados por el Gobierno estatal, como las Fiestas de Octubre. De esta manera, se busca garantizar que las celebraciones públicas no se conviertan en vitrinas del narco.
Aunque algunos sectores han levantado la bandera de la censura, la medida cuenta con precedentes en entidades como Sinaloa, Guanajuato, Nayarit y Quintana Roo, donde ya se han aplicado restricciones similares. Incluso artistas de renombre han sido sancionados en el pasado por entonar narcocorridos, como el caso de Julión Álvarez, multado por interpretar “El Malo de Culiacán” ante miles de asistentes.
En este contexto, la reforma jalisciense no solo es una reacción a un evento aislado, sino una apuesta más amplia por una política cultural con responsabilidad social. La propuesta reconoce que el arte y el entretenimiento pueden ser herramientas poderosas para el cambio, pero también vehículos de normalización del crimen si se usan sin filtros éticos. En un país donde la violencia se ha vuelto parte del paisaje cotidiano, regular estos discursos es una forma de resistencia institucional.
Con esta iniciativa, el gobierno de Lemus no pretende silenciar voces, sino fomentar una cultura que deje de romantizar al crimen y comience a construir narrativas que celebren la vida, la legalidad y el respeto social. En una era donde las imágenes se viralizan más rápido que los valores, blindar los escenarios públicos frente a la exaltación del delito es una medida más que oportuna: es necesaria.
