- Colectivos ambientalistas denuncian la pérdida del amparo que protegía La Pona y la reactivación de obras sin manifestación de impacto ambiental
- La construcción de una vialidad amenaza especies clave para la captación de agua y captura de carbono
Inmobiliarias aseguran contar con permisos, mientras organizaciones civiles acusan ecocidio y falta de cumplimiento de compromisos de conservación
Luego de diversas denuncias ciudadanas sobre el ingreso de maquinaria pesada al área natural de La Pona, integrantes del colectivo Salvemos La Pona confirmaron que se ha perdido el amparo que frenaba la intervención en este importante pulmón de la ciudad.
Desde la zona afectada, Sofía González Ponce, representante del colectivo, explicó que fueron notificados de la pérdida legal recientemente. “Hay un acto de autoridad, sin duda, pero tenemos recursos escasos. Es un tema complejo: hay un grupo muy grande de asesores detrás, principalmente inmobiliarias, con bastantes recursos, además de que el litigio fue contra el municipio, que tiene un equipo muy dedicado a que este ecocidio suceda”, señaló.
De acuerdo con González, el objetivo de las obras es abrir una vialidad que conecte el interceptor hasta el segundo anillo de circunvalación. “La pregunta es cuántos segundos se va a ahorrar el aguascalentense para salir, ¿a dónde? ¿A un semáforo? Es un sinsentido. Es una estupidez, en plena crisis climática y en pleno punto sin retorno, todavía se busca cómo seguir agravando la situación”, lamentó.
La activista enfatizó la importancia ambiental de La Pona, describiéndola como uno de los últimos pulmones de Aguascalientes y el último gran captador de agua con vegetación nativa. Criticó que en el área no se presentó manifestación de impacto ambiental ante la SEMARNAT ni ante el gobierno estatal, además de que se modificó irregularmente el Programa de Desarrollo Urbano en 2018, lo que permitió el avance de los proyectos inmobiliarios. “El cambio de uso de suelo fue ilegal; este suelo forestal está protegido por la federación”, recalcó.
Sobre los trabajos recientes, González relató que recibieron la notificación de la pérdida del amparo el jueves por la noche, y que el viernes comenzó el despalme con maquinaria. Señaló que ya no hay espacio para el diálogo: “Ya no hay diálogo aquí, es venir a decir: es mi ciudad, es mi mezquite, es mi huizache; lo que diga la ley se lo pasan por el arco del triunfo. No les importa la ley”.
Otro integrante de Salvemos La Pona detalló que el procedimiento que se realiza consiste técnicamente en el cambio de uso de suelo, iniciando con la apertura de una vialidad y la remoción de vegetación, lo que eufemísticamente llaman “despalme”. Denunció que especies como el mezquite (Prosopis laevigata) y el huizache, fundamentales para la captura de carbono y la infiltración de agua, están siendo destruidas. “Un mezquite de entre seis y ocho metros multiplica por tres su biomasa en el subsuelo. Lo que ves arriba es solo una tercera parte de su función ecológica”, explicó. “Lo que están haciendo es fraccionar un ecosistema; después vendrá la urbanización”, advirtió.
Los activistas recordaron que han logrado frenar intentos de urbanización en otras ocasiones, como el Fraccionamiento Centenario de la Revolución en 2010, el proyecto de Banorte en 2018 y el desarrollo de Grupo San Cristóbal en 2022. Sin embargo, señalaron un progresivo deterioro del interés ciudadano. “Lo que está pasando es un divorcio entre autoridades y sociedad”, afirmaron, recordando que pese a su participación en la elaboración del Programa de Desarrollo Urbano, los compromisos de proteger La Pona y el Bosque de Cobos fueron sistemáticamente ignorados.
Subrayaron que la afectación no es simplemente “quitar un árbol”. “Un mezquite requiere 60 años para alcanzar su tamaño y funciones ecológicas. La gente debe entender que esto es un suicidio ecológico. Nos estamos dejando en herencia menos agua, menos materia forestal. A cambio, tendremos carreteras y casas… pero sin agua ni aire limpio”, concluyeron.
Por su parte, Gustavo Márquez, apoderado legal de las inmobiliarias propietarias, afirmó que “todo esto es propiedad privada” y que cuentan con los permisos correspondientes. Aseguró que se llegó a un acuerdo con ambientalistas para donar 11.4 hectáreas del predio, destinadas al Parque Municipal y Área Natural Protegida.
Respecto a la pérdida del amparo, Márquez explicó: “Van tres amparos perdidos por tres juzgados distintos y nueve magistrados diferentes. No lo digo yo, son los tribunales quienes han determinado que no les asiste la razón”. Detalló que los amparos buscaban declarar como área natural protegida la totalidad del terreno y evitar cambios en el uso de suelo, pero todos fueron desestimados.
Márquez insistió en que el desarrollo incluye la apertura de una vialidad contemplada en los planes de desarrollo urbano desde 2015, y aunque aseguró tener “todos los permisos necesarios”, admitió que no presentó documentación ante los medios.
En contraste, representantes de PROFEPA señalaron que no han recibido, hasta el momento, aviso ni informe sobre manifestaciones de impacto ambiental para la obra, pese a que parte del terreno corresponde a suelo forestal.
Los trabajos en La Pona continúan, mientras los colectivos ambientalistas mantienen su presencia en el lugar, decididos a resistir la destrucción del área en una lucha que, como afirmaron, “será de resistencia hasta ver quién se cansa primero”.
