Con 29 votos a favor de Morena, PT y PVEM, y sin modificaciones sustanciales, las comisiones del Senado aprobaron en fast track la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. La iniciativa, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha encendido todas las alertas entre organizaciones civiles, cámaras empresariales y especialistas en derechos digitales. Las críticas no se han hecho esperar: la llaman la “ley censura”.
Uno de los núcleos más preocupantes es el artículo 109, que otorga a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) —una entidad adscrita al Ejecutivo— la facultad de bloquear plataformas digitales sin necesidad de orden judicial, sin contrapesos claros ni criterios públicos y objetivos. Esto, señalan múltiples expertos, viola los estándares internacionales de libertad de expresión y la propia Constitución mexicana.
Según la organización Artículo 19, esta disposición “constituye una medida extrema, semejante al cierre de una estación de radio o TV”, incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por su parte, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) denuncia que la ambigüedad del artículo permite bloquear aplicaciones enteras bajo criterios vagos y sin supervisión judicial. Luis Fernando García, director de R3D, subraya que esto pone en juego no solo el derecho a informar, sino también derechos fundamentales como la educación, la salud, la movilidad o la reunión.
A la par, el artículo 8 revive el fallido PANAUT: propone la creación de un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil, a pesar de que la Suprema Corte lo declaró inconstitucional en 2022. Las preocupaciones sobre vigilancia masiva y uso arbitrario de datos personales vuelven a escena sin que la iniciativa detalle para qué se usará ese registro ni qué autoridades tendrían acceso a él.
A ello se suma el artículo 201, que establece que todo contenido extranjero deberá contar con autorización previa de la Secretaría de Gobernación. El pretexto inmediato fue la emisión de propaganda antiinmigrante del gobierno de Estados Unidos, pero su alcance real permitiría censurar contenido de organismos internacionales, medios extranjeros o incluso eventos deportivos si así se considera.
Los cuestionamientos no son menores: organismos como la ICC México, el IDET y Amedi advierten que la reforma contraviene compromisos internacionales como el T-MEC, al eliminar la autonomía técnica y presupuestaria del órgano regulador, y concentrar atribuciones en una agencia sin recursos ni personal calificado. Irene Levy, presidenta de Observatel, advierte que se trata de una reforma “hecha a la medida para un órgano autónomo que ahora se intenta calzar al Ejecutivo”, calificando esto como una tentación autoritaria con consecuencias graves.
El impacto de esta reforma va más allá del terreno legal. En términos prácticos, se podrían bloquear plataformas como X, Facebook, TikTok, YouTube, incluso apps de transporte, bancos, marketplaces y sitios de información como Wikipedia. En un país donde los servicios digitales son la columna vertebral de la vida cotidiana, un bloqueo sin criterios claros pone en jaque derechos y libertades.
El gobierno de Sheinbaum ha defendido la ley, asegurando que “no tiene nada que ver con el contenido”, sino con el cumplimiento de obligaciones fiscales o de seguridad. Pero el texto legal dice otra cosa. De hecho, la ATDT podrá emitir los lineamientos del procedimiento y definir cuándo es procedente un bloqueo. Como señala Jorge Bravo de Amedi, la opacidad y discrecionalidad de esta agencia convierten su poder en una amenaza sistémica.
Por si fuera poco, el proceso legislativo ha sido opaco y precipitado: sin parlamento abierto, sin análisis técnico público y con una aprobación exprés que impidió la participación de especialistas o la ciudadanía. El IDET denuncia que se trata de una copia mal estructurada de la reforma peñista de 2014, remendada para consolidar el control informativo desde el Ejecutivo.
En redes sociales, la Agencia de Transformación Digital ha insistido en que su función será meramente operativa y no intervendrá en contenidos. Pero los antecedentes del gobierno no ayudan a tranquilizar: apenas en marzo, desde la conferencia mañanera, se difundió un informe sin sustento metodológico sobre supuesta “guerra de bots” contra Sheinbaum, culpando a opositores sin pruebas.
El miedo no es solo a lo que dice la ley, sino a cómo se aplicará y a quién se le aplicará. La posibilidad de censurar medios críticos, revivir bases de datos de vigilancia ciudadana y cerrar espacios digitales con un clic desde una oficina gubernamental abre un peligroso precedente para la democracia digital en México.
