Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop), murió el 25 de abril de 2025, luego de ocho días de agonía tras ser baleado en playa Icacos, en Acapulco. Suástegui, de 49 años, no sólo fue un activista incansable en la defensa del territorio y los bienes comunales de Cacahuatepec, sino también una figura que personificó la resistencia frente al despojo de tierras y la violencia institucional.
El atentado que le quitó la vida ocurrió el 18 de abril, en un entorno donde, pese al despliegue de fuerzas de seguridad por la temporada vacacional, no había ni vigilancia efectiva ni ambulancias disponibles. Tras recibir múltiples disparos —en hombro, costilla y abdomen— que comprometieron su hígado, bazo, colon y pulmones, fue trasladado de emergencia en condiciones precarias: en un camastro improvisado en la batea de una camioneta.
El ataque a Suástegui no fue un hecho aislado ni fruto de la casualidad. Como denunció el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, forma parte de un patrón sistemático de violencia contra defensores comunitarios, amparado por la negligencia y la omisión gubernamental. “Se dejó que los ataques llegaran hasta privarle de la vida”, denunció Abel Barrera, director de Tlachinollan. El subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, también pidió que no se descarte ninguna línea de investigación. La exigencia es clara: justicia sin simulaciones.
Durante más de 20 años, Marco Suástegui se enfrentó al poder de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a varios gobiernos estatales y federales que intentaron imponer la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota, un proyecto que habría desplazado a más de 30 mil campesinos y afectado los bienes comunales de cinco municipios de Guerrero. Desde asambleas amañadas hasta persecuciones judiciales y encarcelamientos, el costo personal de su lucha fue altísimo: fue preso político en 2005, 2014 y 2018, incluso pasando tiempo en el penal federal de máxima seguridad en Nayarit, “la cárcel del destierro y el olvido”, como él mismo la describía.
Suástegui, además, cargaba con la herida abierta de la desaparición de su hermano Vicente, secuestrado en 2021 mientras trabajaba como taxista. Hasta sus últimos días, Marco buscó a Vicente, una tragedia personal que se entrelazaba con la violencia estructural que permea Guerrero.
En los meses recientes, Marco también encabezó protestas y organizaciones de prestadores de servicios turísticos en Acapulco, reclamando su derecho a participar en la reconstrucción tras los huracanes Otis y John, y oponiéndose a proyectos gubernamentales como el “Maribús” impulsado por Fonatur y respaldado por Claudia Sheinbaum. Esta participación activa en conflictos actuales complejiza aún más las posibles líneas de investigación.
La respuesta de las autoridades hasta ahora se limita a comunicados de solidaridad, como el de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien lamentó la muerte de Suástegui y destacó su contribución social. Sin embargo, los hechos muestran que el activista fue asesinado en un estado donde las estructuras de seguridad siguen fallando sistemáticamente, y donde la defensa de los derechos humanos aún puede costar la vida.
Organizaciones como Tlachinollan y colectivos sociales de Guerrero exigen una investigación transparente y la garantía de que el crimen no quedará impune. Porque la vida de Marco Suástegui no puede ser recordada solo como una estadística más de la violencia en México. Su legado exige verdad, justicia y memoria activa. Y sobre todo, exige que las causas que defendió —la tierra, el territorio, la dignidad campesina— no mueran con él.
