México enfrenta una nueva ola de incendios forestales con 114 siniestros activos en al menos 23 entidades del país y más de 38 mil hectáreas afectadas. Aunque las cifras oficiales buscan dar tranquilidad —destacando que “no hay riesgo para la población”—, lo cierto es que los incendios están lejos de ser un fenómeno excepcional: son el síntoma más visible de una crisis ambiental sostenida por la sequía, la falta de prevención y la limitada respuesta institucional.
Según la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), actualizada hasta el 14 de abril, 46 incendios están controlados entre un 80% y 100%, mientras que los otros 68 siguen en proceso de liquidación. Esta situación ocurre en un contexto donde el 42.8% del territorio nacional presenta algún grado de sequía, desde moderada hasta excepcional, principalmente en el norte y noreste. A esto se suma un déficit del 32.7% de lluvias en comparación con el promedio histórico. Las condiciones cálidas, secas y ventosas hacen que cada chispa tenga potencial devastador.
Los estados más afectados son Chihuahua (16 incendios), Michoacán (12), Oaxaca y Guerrero (11 cada uno), y Morelos (10). Tan solo en el Parque Nacional El Tepozteco, en Tepoztlán, Morelos, se han reportado tres incendios simultáneos desde hace 20 días. Uno de ellos —en Las Tirolesas— ha dejado más de 600 hectáreas afectadas, con solo un 15% de liquidación. Las brigadas cuentan con 381 combatientes, dos lesionados y apenas un helicóptero realizando descargas. En respuesta al humo persistente, el gobierno estatal distribuyó cubrebocas, en un gesto más simbólico que estructural.
En total, más de 3 mil 978 personas combaten el fuego: 866 brigadistas de la Conafor, 652 efectivos del Ejército, 88 de la Guardia Nacional, 539 elementos estatales y otros mil 838 de diversas instituciones. Aunque su labor ha sido destacada por autoridades como la titular de la CNPC, Laura Velázquez, las condiciones de trabajo suelen ser precarias, y su cobertura insuficiente en zonas montañosas o de difícil acceso.
La emergencia también afecta a Áreas Naturales Protegidas. Al menos 20 incendios actuales se desarrollan dentro de estas zonas, lo que implica una amenaza directa para la biodiversidad y los ecosistemas más frágiles del país. En Oaxaca, por ejemplo, un incendio obligó a evacuar comunidades cercanas a la capital; aunque fue controlado en un 50%, los cambios de viento siguen siendo un factor de riesgo.
La situación no es nueva. México registra en promedio más de 7 mil incendios forestales al año, afectando entre 200 mil y 500 mil hectáreas. Más del 90% son provocados por actividad humana: quemas agrícolas, fogatas mal apagadas o negligencia. Sin embargo, las estrategias de prevención siguen siendo limitadas, y los programas de educación ambiental son casi inexistentes en zonas rurales. La lógica reactiva se impone sobre la planificación.
El gobierno federal ha insistido en que “ninguno de los incendios representa riesgo para la población”, pero esta visión cortoplacista ignora que el verdadero riesgo no solo es el fuego inmediato, sino la pérdida paulatina de los bosques, la calidad del aire, la salud pública y la capacidad de resiliencia climática.
En vez de activar solo a los cuerpos de emergencia, el país necesita una política integral de gestión de ecosistemas y adaptación climática. Y, sobre todo, dejar de tratar los incendios como una anécdota de temporada. Porque cuando todo se quema cada año, el incendio ya no es noticia: es estructura.
