Mientras la violencia se normaliza y el miedo se convierte en rutina, la última encuesta de Latinus retrata con crudeza el ánimo social: la inseguridad no solo encabeza las preocupaciones nacionales, sino que arrastra consigo una desconfianza creciente hacia el poder político. Realizada entre el 26 de marzo y el 1 de abril de 2025 a 800 personas adultas, esta medición refleja una ciudadanía cansada, vigilante y, sobre todo, harta.
El 60% de las personas encuestadas apoya que el expresidente Andrés Manuel López Obrador sea investigado por posibles vínculos con el crimen organizado, ante los señalamientos que han surgido desde agencias estadounidenses. Pero la exigencia de rendición de cuentas no se limita al exmandatario: un 68% también respalda una investigación contra sus hijos, en respuesta a las acusaciones de corrupción y tráfico de influencias.
Esta disposición a cuestionar a figuras emblemáticas del poder político marca un cambio en la narrativa pública. La vieja idea del líder incuestionable parece desgastarse frente a los escándalos, las contradicciones y la falta de respuestas claras.
Inseguridad al alza, justicia a la deriva
La inseguridad, para más del 60% de los encuestados, es el problema más grave del país. A esto se suma la percepción de que la violencia y el crimen organizado han crecido, no solo en cifras, sino en presencia cotidiana: balaceras, extorsiones, desapariciones y fosas clandestinas han dejado de ser excepciones.
No es casual, entonces, que el 85% de los consultados esté al tanto del hallazgo de restos humanos en Teuchitlán, Jalisco, y que el 48% considere que en el rancho Izaguirre operaban crematorios clandestinos. La violencia tiene rostro, lugar y consecuencias concretas. La omisión oficial, también.
¿Y la justicia?
El panorama no mejora cuando se observa la relación de la ciudadanía con el sistema judicial. Siete de cada diez personas no saben que el 1 de junio habrá una elección judicial, lo que revela un vacío informativo preocupante y, posiblemente, un reflejo de la desconexión entre las instituciones y la población.
Mientras tanto, temas como la corrupción, los servicios públicos o la salud pierden relevancia frente al miedo cotidiano. Esto no significa que sean problemas resueltos, sino que han sido superados por una urgencia mayor: sobrevivir.
Una sociedad vigilante
La encuesta realizada por Latinus no solo retrata preocupaciones: también muestra una ciudadanía más dispuesta a exigir cuentas, incluso al expresidente que construyó su figura pública sobre la narrativa de la honestidad. La desconfianza ya no es exclusiva de los “gobiernos del pasado”: ahora alcanza también a quienes prometieron regeneración moral.
Lo que está en juego no es solo el prestigio de un político, sino la posibilidad de que el país avance hacia un sistema donde la justicia no dependa de quién gobierna, sino de quién infringe la ley.
