- Se aprobó en el Congreso del Estado una iniciativa para prohibir la reproducción de narcocorridos en espacios públicos, con multas de hasta 1.5 millones de pesos
- Alejandra Peña y Abdel Luévano cuestionaron la falta de definición legal sobre “apología del delito” y la posible vulneración a la libertad de expresión
La medida comenzó a aplicarse antes de su publicación oficial, lo que genera dudas sobre su legalidad y respeto al debido proceso
Durante la reciente sesión del Congreso del Estado de Aguascalientes, se discutió y aprobó una controvertida iniciativa para prohibir la reproducción de narcocorridos en espacios públicos, con sanciones económicas que podrían alcanzar hasta un millón y medio de pesos. La propuesta fue cuestionada por Alejandra Peña y Abdel Luévano, regidores de Morena, quienes alertaron sobre la falta de claridad jurídica y la posible vulneración de derechos fundamentales.
Alejandra Peña explicó que, aunque la iniciativa fue presentada de último momento, el grupo parlamentario de Morena votó en contra debido a diversas inconsistencias legales: “En ningún lugar se especifica qué es la apología del delito y en qué se están basando para imponer una multa de ese nivel”, advirtió. Asimismo, indicó que ya existe una propuesta a nivel federal para definir con claridad qué constituye apología del delito, por lo que la medida local resulta anticipada e inconstitucional.
Por su parte, Abdel Luévano compartió su experiencia como empresario en la Feria Nacional de San Marcos, donde al tramitar sus permisos se encontró con una cláusula que ya prohíbe explícitamente la reproducción de narcocorridos y cualquier música que haga referencia a la apología del delito: “Me sorprende sobremanera que ya estén notificando estas prohibiciones cuando la ley ni siquiera ha sido publicada en el periódico oficial”, señaló.
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Luévano cuestionó la legalidad de que el Ayuntamiento haya comenzado a aplicar una medida que, formalmente, aún no entra en vigor: “¿Cuándo se aprobó o dónde se aprobó?”, preguntó al personal del Centro de Atención Municipal (CAM), donde le informaron que la iniciativa fue aprobada esa misma mañana. A este respecto, subrayó que la rapidez con la que se pretende aplicar la norma genera dudas sobre el respeto al debido proceso.
Alejandra Peña reiteró que la manera en que fue redactada la iniciativa resulta preocupante y que se está incurriendo en una práctica de “prohibido prohibir”, al limitar expresiones culturales sin un marco jurídico claro: “Contaban con la mayoría, pero eso no exime la responsabilidad de hacer bien las cosas”, afirmó.
Luévano, en tanto, cuestionó si esta medida responde realmente a una preocupación social o si es más bien una acción recaudatoria dirigida a los empresarios: “Se está cortando la libertad de expresión. No es solo el contenido de la música, es el derecho de las personas a escuchar lo que quieran”, sentenció.
Ambos coincidieron en que se debe respetar el marco legal, tanto en los procesos legislativos como en la aplicación de nuevas disposiciones. Hasta el momento, la iniciativa no ha sido publicada oficialmente.
