Con la aprobación casi unánime de la reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en la Cámara de Diputados, México actualiza un marco legal que había permanecido intacto desde 1972. La reforma —que modifica 57 artículos y fue promovida originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador— introduce cambios sustanciales: desde permitir la portación de armas a funcionarios de empresas paraestatales y órganos autónomos como Pemex, CFE y Banxico, hasta endurecer sanciones para el tráfico ilegal de armamento.
Aunque presentada como un avance hacia el fortalecimiento de la seguridad y el control de armas, la iniciativa genera preocupaciones legítimas sobre sus posibles efectos colaterales. La presidenta Claudia Sheinbaum intentó aclarar las dudas: no, los técnicos de la CFE que realicen servicios domiciliarios no irán armados. El permiso de portación se restringe a funciones específicas de seguridad en áreas estratégicas. Sin embargo, las fronteras entre funciones administrativas y operativas en las paraestatales no siempre son tan claras como se desea.
La reforma busca reforzar el control estatal al obligar a los ciudadanos con armas registradas a designar a una persona responsable en caso de fallecimiento o ausencia. También introduce la prohibición de armas fabricadas con impresoras 3D y accesorios para convertir armas semiautomáticas en automáticas, un avance importante frente a los riesgos de modernización del armamento.
Otro punto a destacar es la legalización de la posesión de rifles calibre .22 y escopetas en domicilios de ejidatarios, comuneros y jornaleros rurales, bajo condiciones específicas. Esta medida pretende equilibrar el derecho a la legítima defensa en zonas donde la seguridad institucional es limitada, aunque abre un debate sobre el alcance de la regulación en comunidades vulnerables a la influencia del crimen organizado.
La oposición, si bien apoyó la iniciativa, no dejó pasar la oportunidad de señalar sus limitaciones. Diputados del PRI y del PAN advirtieron que la reforma, aunque significativa, es insuficiente para detener el verdadero problema: el tráfico ilícito de armas, del cual Estados Unidos sigue siendo la principal fuente, con un 74% del armamento ilegal en México proveniente de ese país. De ahí la insistencia en que, sin una estrategia binacional efectiva, cualquier intento de regular el mercado interno será incompleto.
A pesar de los mecanismos de control previstos —como las campañas educativas sobre riesgos de explosivos y restricciones a la venta de municiones—, existen dudas sobre la capacidad del Estado para aplicar efectivamente la ley. El PAN, en particular, advirtió que vigilará de cerca su implementación, señalando que “no basta con aprobar buenas leyes; hay que evitar que se conviertan en letra muerta”.
Otro aspecto crítico es la ampliación de la lista de armas permitidas para particulares y de las armas reservadas exclusivamente para uso militar. Aunque busca adaptarse a nuevas tecnologías y realidades de violencia, también podría estimular una percepción de normalización de la portación civil de armas, con todos los riesgos que ello implica en una sociedad ya afectada por la inseguridad.
Mientras la reforma contempla sanciones más severas —penas de hasta 30 años de cárcel y multas superiores a los 220 mil pesos para quien trafique o comercialice armas de uso militar—, expertos advierten que las leyes más estrictas son ineficaces si no van acompañadas de esfuerzos reales de control fronterizo, revisión aduanal y combate a la corrupción.
En el fondo, la reforma revela la tensión constante entre fortalecer el derecho a la legítima defensa y evitar la expansión descontrolada de las armas en el ámbito civil. Si bien incluye avances en materia de regulación tecnológica y responde a problemáticas emergentes como el armamento impreso en 3D, su implementación y vigilancia serán claves para evitar que, bajo la bandera de mayor seguridad, se termine incentivando la circulación de armas en sectores donde el Estado debiera garantizar protección sin necesidad de recurrir al armamento civilizado.
La nueva ley, por tanto, deja en el aire una pregunta esencial: ¿realmente promueve la cultura de paz que dice perseguir o, bajo una apariencia de control, abre la puerta a una mayor normalización del armamento civil?
