- “En todo caso debe de haber un juicio de fondo para demostrar que deben ser liberados los recursos”, aseguró
- “Es indispensable que no haya impunidad, nosotros no vamos a proteger a nadie cuando haya un delito”, destacó
Se plantea la posibilidad de realizar modificaciones a la Ley de Amparo y a algunas leyes de procedimiento además de la Ley ORPI que ya se discute en el Senado, señaló el titular de la UIF, Pablo Gómez
Durante su conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que su gobierno prepara reformas legales para evitar que jueces y ministros del Poder Judicial liberen cuentas bancarias presuntamente vinculadas con delitos como lavado de dinero, corrupción o delincuencia organizada, sin que exista un juicio de fondo.
“Cuando se demuestra que hay lavado de dinero, sea por corrupción o por delitos de cuello blanco, y resulta que se liberan las cuentas para que se siga usando el recurso, pues no tiene otro nombre, se llama corrupción”, afirmó la mandataria al referirse a resoluciones judiciales que han beneficiado a personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Sheinbaum explicó que ya se discute en el Senado una modificación a la Ley Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y adelantó que se trabaja en otras reformas, incluida una posible modificación a la Ley de Amparo, para evitar que las suspensiones provisionales sirvan para revertir de manera automática el congelamiento de cuentas.
El objetivo, dijo, es garantizar cero impunidad: “No vamos a proteger a nadie cuando haya un delito, y tampoco vamos a perseguir por razones políticas. La Fiscalía debe actuar y dar resultados”.
Pablo Gómez Álvarez, titular de la UIF, precisó que la LPB es una herramienta preventiva que busca evitar que recursos de procedencia ilícita continúen integrándose al sistema financiero. Del 1 de diciembre de 2018 a marzo de 2025, han sido incorporados 7 mil 815 sujetos a la LPB, de los cuales actualmente permanecen 6 mil 545, entre personas físicas y morales.
De los más de 32 mil 500 millones de pesos bloqueados por las instituciones financieras, más de 23 mil millones han sido liberados por resolución judicial, mientras que otros 5 mil millones fueron desbloqueados directamente por la UIF o por resolución administrativa.
En este contexto, Gómez señaló que se busca que el Estado mexicano tenga capacidad de representación legal como parte ofendida en procesos por lavado de dinero, lo cual también requerirá adecuaciones legales.
Finalmente, al referirse al caso de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga, Gómez advirtió que, pese a contar con órdenes de aprehensión en su contra, ambos podrán hacer uso del sistema financiero tras haber sido retirados de la LPB por orden judicial, mientras se resuelve su posible extradición desde Estados Unidos.
