México vuelve a apostar por un grupo de élite civil para combatir al crimen organizado. Tras años de militarización de la seguridad pública —con resultados cuestionables—, la nueva estrategia impulsada por Claudia Sheinbaum y ejecutada por Omar García Harfuch presenta como carta fuerte a la Unidad Nacional de Operaciones (UNO): una fuerza civil de inteligencia y acción directa, conformada inicialmente por 54 elementos y con planes de escalar a 800 antes de que termine el año.
La presentación oficial de la UNO fue interna, ceremonial, casi ritual: discursos épicos, referencias al honor, a la patria, a los ancestros. Pero detrás del simbolismo, se esconde una apuesta pragmática: recuperar el terreno perdido frente al crimen organizado y, de paso, frente a las Fuerzas Armadas, que durante el sexenio pasado acapararon la seguridad con resultados poco convincentes.
¿Por qué ahora?
La creación de esta unidad no es aislada. Coincide con la presión internacional —principalmente de Estados Unidos— para obtener resultados más tangibles en la lucha contra los cárteles. También es una jugada política para que García Harfuch, figura clave del nuevo gobierno y hombre fuerte de Sheinbaum, recupere el liderazgo civil en materia de seguridad, desplazando parcialmente a los militares.
Este viraje rompe con el discurso pacifista del sexenio anterior —“abrazos, no balazos”— y, aunque sin renunciar a lo social, vuelve a priorizar la acción directa, la inteligencia y la investigación, con personal entrenado en Colombia, España, Francia y EE.UU.
¿Qué hay de nuevo?
Más allá del uniforme negro y la narrativa nacionalista, la UNO se diferencia por su composición: ex miembros de la extinta Policía Federal —donde Harfuch comenzó su carrera— y exintegrantes de grupos especiales de la CDMX. Se busca que este grupo tenga mayores controles internos, mejores sueldos, y un reclutamiento más exigente (con requisitos universitarios). También se plantea que la UNO sirva de modelo para fuerzas élite locales, como los “Pakal” en Chiapas.
Pero el proyecto no es nuevo en esencia: es una reconfiguración de esfuerzos que ya se intentaron antes. La historia reciente ofrece lecciones incómodas: cuerpos de élite previos fueron infiltrados por el crimen, acusados de abusos de poder y ejecuciones extrajudiciales, como quedó en evidencia con casos como el de Genaro García Luna.
¿Qué riesgos implica?
La principal preocupación es que, más allá del rebranding, no existen garantías sólidas de que esta nueva fuerza evite repetir los errores del pasado. Como advierte el analista David Saucedo, la creación de un “brazo armado” con lealtades claras puede resolver la falta de coordinación, pero sin mecanismos reales de fiscalización, puede ser igual de propenso a los excesos y la corrupción.
Además, su construcción coincide con una tendencia de concentración de poder en torno a Harfuch, quien ha promovido figuras de su confianza en estados clave como Michoacán, Tamaulipas o el Estado de México. Esto puede traducirse en eficiencia, pero también en una fuerza paralela con autonomía política peligrosa si no se le establecen contrapesos adecuados.
¿Y los resultados?
Hasta ahora, el único logro confirmado es el traslado sin incidentes de 29 narcotraficantes a Estados Unidos en febrero. Es pronto para evaluar si este grupo cambiará el juego o si se convertirá en otra promesa de seguridad fallida en el largo historial de ensayos mexicanos contra el narco.
La UNO nace en una encrucijada: entre el desgaste de la estrategia militar y el descrédito de las corporaciones civiles. Su éxito dependerá no solo de su entrenamiento o liderazgo, sino de su capacidad para no repetir las lógicas de impunidad que han hecho del combate al crimen un ciclo eterno y estéril.
