La crisis diplomática entre México y Ecuador ha cruzado el umbral del desencuentro momentáneo para transformarse en una ruptura prolongada con condiciones explícitas para su restablecimiento: el fin del mandato de Daniel Noboa. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, declaró que mientras Noboa continúe al frente del gobierno ecuatoriano, no se reanudarán las relaciones diplomáticas. La razón, señaló, es clara: “él fue el responsable de la invasión a la embajada de México, a nuestra soberanía”.
La declaración alude al asalto perpetrado por fuerzas de seguridad ecuatorianas el pasado 5 de abril de 2024 a la embajada mexicana en Quito, donde se encontraba asilado Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador. Esta acción, calificada por México como una “violación flagrante del derecho internacional”, derivó en la inmediata ruptura de relaciones diplomáticas y el retiro del personal consular mexicano.
El episodio marcó un punto de no retorno. Pese a que Glas fue acusado de corrupción en su país y su asilo fue cuestionado por Quito, México sostuvo que las normas internacionales protegen el derecho al asilo diplomático, lo cual será defendido por la vía legal en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde ambos países mantienen un litigio activo.
Sheinbaum no sólo basó su decisión en la agresión a la embajada, sino también en el contexto electoral ecuatoriano. Afirmó que el triunfo de Noboa fue “muy dudoso”, una postura que encuentra respaldo parcial en observaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA), que documentó irregularidades relacionadas con la falta de licencia del entonces presidente para hacer campaña durante la segunda vuelta. La OEA señaló que esta omisión afectó la equidad del proceso y debilitó la institucionalidad.
A esto se suma el reclamo de la opositora Luisa González, candidata respaldada por sectores correístas y por Sheinbaum, quien ha denunciado un presunto fraude electoral. Sin embargo, observadores internacionales no dieron curso a su petición de recuento de votos.
La narrativa oficial mexicana contrasta con la de Quito, que justifica el asalto a la embajada señalando que otorgar asilo a un condenado por corrupción contraviene las normas internacionales. No obstante, México defiende que la figura de “perseguido político” sigue vigente en casos como el de Glas.
El caso también ha generado una alineación política regional. Colombia, a través del presidente Gustavo Petro, anunció que tampoco reconoce a Noboa como presidente legítimo, mientras otros países han mantenido silencio diplomático ante el incidente.
A pesar de que México ha evitado pronunciarse en otras elecciones cuestionadas —como las de Venezuela—, la administración de Sheinbaum ha asumido una postura mucho más tajante con Ecuador, poniendo sobre la mesa que el restablecimiento de las relaciones solo llegará con un cambio de gobierno y con la reparación del daño institucional.
La señal es clara: el respeto al principio de inviolabilidad de las embajadas no se negocia. La embajada mexicana fue violentada y el Estado mexicano ha respondido con una política exterior que, por primera vez en años, plantea condiciones explícitas para reanudar relaciones. Mientras Noboa siga en el Palacio de Carondelet, la embajada de Ecuador en México permanecerá vacía, y la de México en Quito cerrada, con la diplomacia latinoamericana atravesando su capítulo más tenso en tiempos recientes.
