La desaparición de personas en México, con más de 123 mil casos registrados oficialmente, ha dejado de ser un tema de coyuntura y se ha convertido en una tragedia estructural. Frente a la inacción y simulación del Estado, las familias buscadoras se organizan, se articulan y toman las calles, los cerros y los desiertos del país para encontrar a sus seres queridos, a pesar —y muchas veces en ausencia— de las autoridades. La Segunda Jornada Nacional de Búsqueda, convocada para los días 19 y 20 de abril, es prueba de esa resistencia.
Más de 70 colectivos de 23 estados se han unido bajo el nombre de Unificación Nacional de Familias Buscadoras para coordinar acciones simultáneas en todo el país. Las actividades incluyen búsquedas en campo, pegado de fichas, intervenciones gráficas y foros públicos. En la Ciudad de México, por ejemplo, se llevará a cabo una rodada encabezada por los colectivos Luciérnagas, Hasta Encontrarles y Una Luz en el Camino, partiendo desde la Glorieta de las y los Desaparecidos.
Esta jornada tiene también un fuerte componente simbólico y político. Es una acción que denuncia la omisión institucional, pero también una forma de construir memoria colectiva y exigir justicia. “Buscaremos a nuestros hijos, hijas, hermanos, hermanas, esposos, esposas y a todos nuestros tesoros que fueron arrebatados por la violencia y por un Estado que ni busca, ni investiga, ni sanciona, ni repara”, declararon en su pronunciamiento los colectivos organizadores.
Las familias hacen un llamado a la sociedad civil —artistas, académicos, estudiantes, periodistas, comunidades de fe y pueblos originarios— para que acompañen la jornada. En Guerrero, por ejemplo, colectivos como “María Herrera” y “Guerrero no Más Desaparecidos” participarán activamente, pese a los riesgos. “Hace un mes y medio, hombres armados me amenazaron por buscar en zonas de riesgo”, denunció Gema Antunes. A pesar del peligro y la desprotección, ella y muchas otras familias continúan adelante.
La jornada de este año también es un acto de denuncia contra instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), a las que se acusa de estar cooptadas por intereses políticos. “Las comisiones están secuestradas”, sentenció Verónica Rosas, madre buscadora. Las familias han exigido el relevo de sus titulares —Rosario Piedra Ibarra y Teresa Guadalupe Reyes— al considerarlas indiferentes o abiertamente obstructivas.
No es casual que la Segunda Jornada llegue después de hallazgos recientes en sitios como el Rancho Izaguirre en Jalisco o tras tensos encuentros con la Secretaría de Gobernación. En estos espacios, colectivos han insistido en una reestructura de fondo de las instituciones encargadas de la búsqueda de personas desaparecidas. “No queremos más simulaciones ni discursos vacíos”, reiteró Claudia San Román.
Las familias han dejado en claro que esta lucha es autónoma y no busca fines electorales. “No somos botín político”, han repetido con contundencia. En un contexto de campañas, sus acciones buscan evitar la cooptación de su causa por parte de partidos o candidatos. “Nuestra lucha es por amor, por justicia, y por verdad”, dijo Brígida Ricardo durante una rueda de prensa en la CDMX.
La Segunda Jornada Nacional de Búsqueda no sólo es una muestra de duelo organizado, sino también de indignación colectiva, una que se multiplica con cada ficha que se pega en un poste, cada nombre que se pinta en una barda o cada paso dado entre cerros y campos. En un país donde la desaparición se ha vuelto rutina institucional, las familias han decidido no esperar más. Con el Estado, sin él o a pesar de él, seguirán buscando.
