La Secretaría de Educación Pública (SEP), bajo la dirección de Mario Delgado Carrillo, ha propuesto revertir varios de los lineamientos que, desde septiembre de 2024, restringían la venta de comida chatarra en escuelas. Esta iniciativa representa no solo un cambio normativo, sino una reconfiguración significativa del papel del Estado en la promoción de hábitos alimenticios saludables entre niñas, niños y jóvenes en México.
El proyecto, revelado por Proceso, plantea modificaciones que abrirían nuevamente la puerta al consumo de alimentos ultraprocesados en el entorno escolar. Entre los principales ajustes propuestos está la autorización para que las tiendas escolares utilicen productos con sellos de advertencia en la preparación de alimentos. Esto incluye ingredientes como mayonesa, carnes frías, panes industrializados o bebidas con alto contenido calórico y bajo valor nutricional. Además, se permitiría nuevamente la venta de estos productos en los alrededores de los planteles, y se exentaría de la prohibición a las universidades, a las que únicamente se les pedirá realizar campañas de concientización sobre salud y alimentación.
No es menor el contexto: desde 2016, México vive bajo una declaratoria de emergencia epidemiológica por obesidad y diabetes. Las reformas previas a esta iniciativa buscaban justamente responder a esa crisis de salud pública, limitando la presencia de comida chatarra en las escuelas. El giro propuesto hoy parece contradecir esos esfuerzos, especialmente al reducir el papel de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), al eliminarle la facultad de supervisar el cumplimiento de las normativas alimentarias en las instituciones educativas.
Otros aspectos también han sido suavizados: se eliminaría la obligación de ofrecer alimentos saludables a un precio más bajo que en el mercado, y se diluyen las sanciones a autoridades escolares y proveedores que incumplan los lineamientos. Paradójicamente, mientras se levanta la restricción sobre la venta, se mantiene la prohibición sobre su promoción: se podrá vender comida chatarra, pero no hacerle publicidad.
La SEP justifica estos cambios bajo el argumento de “definir con mayor claridad la participación de las autoridades sanitarias”, pero el efecto práctico es una debilitación de las herramientas de control. El resultado, de aprobarse, sería el regreso de la industria de productos ultraprocesados a un espacio del que apenas se intentaba excluirla.
A la espera de que esta iniciativa avance o no en el aparato legislativo, lo que queda claro es que el debate sobre salud pública, soberanía alimentaria y regulación del mercado sigue abierto. Lo que está en juego no es sólo el menú escolar, sino el modelo de Estado que se quiere construir en torno a la protección del bienestar infantil.
