A casi tres semanas de la intervención federal en el rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, los resultados preliminares de la investigación conducida por la Fiscalía General de la República (FGR) están lejos de tranquilizar a colectivos de búsqueda y organismos internacionales. Mientras la FGR insiste en que no hay pruebas de cremación en el sitio, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha emitido medidas cautelares urgentes para que México garantice la preservación del lugar y la identificación de posibles restos humanos.
El fiscal general Alejandro Gertz Manero ha reiterado, en múltiples apariciones públicas, que no se hallaron indicios de cremación en el rancho. Según detalló, se realizaron análisis de la tierra, los materiales pétreos y de construcción en todo el inmueble, sin encontrar huellas que sustenten la hipótesis de incineración de cuerpos. No obstante, para fortalecer la validez de estos resultados —o eventualmente rectificarlos—, la FGR ha solicitado la intervención de laboratorios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuyos peritajes aún están pendientes.
A pesar de la narrativa oficial, el rancho Izaguirre ha sido señalado por colectivos de búsqueda como un posible centro de exterminio vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las madres buscadoras que hallaron el sitio alertaron sobre la presencia de ropa, zapatos y otros objetos personales, cuya relevancia aún no ha sido esclarecida del todo por las autoridades.
La versión de la FGR, sin embargo, se concentra en un marco operativo distinto: el rancho, aseguran, funcionaba como un centro de reclutamiento, capacitación y operaciones del crimen organizado. Esta conclusión, afirmó Gertz, fue sustentada con base en las declaraciones de 15 personas detenidas —todas ellas ya procesadas por delitos relacionados con delincuencia organizada— y la detención del presunto jefe del lugar en la Ciudad de México.
Mientras el fiscal asegura que el caso está “muy adelantado” y promete más información y documentación en los próximos días, las organizaciones civiles no bajan la guardia. El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas dictó medidas cautelares al Estado mexicano, no sólo por la necesidad de preservar el rancho Izaguirre como posible sitio de hallazgo forense, sino por el contexto generalizado de desapariciones forzadas en el país. Según el comité, hay indicios de que estas prácticas se ejercen de forma sistemática, una declaración que el gobierno federal rechazó de inmediato, asegurando que “no tolera ni permite este delito”.
Este contraste entre la narrativa institucional y las alertas de la comunidad internacional y sociedad civil vuelve a evidenciar las tensiones que rodean a la crisis de desapariciones en México. Si bien la FGR asegura que el caso se está tratando con seriedad, los antecedentes de impunidad, la falta de resultados tangibles y la demora en la entrega de informes técnicos refuerzan la desconfianza social. En este escenario, las víctimas indirectas —familias, colectivos, defensores— siguen dependiendo más de sus búsquedas independientes que de una respuesta contundente del Estado.
Mientras la sociedad civil exige respuestas verificables, el caso del rancho Izaguirre se vuelve otro símbolo más de la fractura entre las versiones oficiales y la urgencia de justicia en un país donde los sitios del horror se descubren con demasiada frecuencia por ciudadanos, y no por las instituciones encargadas de protegerlos.
