En Torreón, Coahuila, estalló una bomba que llevaba meses cargándose: un paro de labores de la policía municipal encendió las alarmas estatales y federales, llevando a una “intervención total” de la seguridad pública, mientras las denuncias de abuso, extorsión y acoso contra los mandos locales se acumulan como cuentas sin pagar.
La mañana del lunes, cerca de las 6:00 horas, decenas de policías municipales bloquearon el periférico Raúl López Sánchez y tomaron las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Su demanda era clara: la destitución del director César Perales Esparza y de otros mandos acusados de hostigarlos, imponerles cuotas económicas, exigir pagos por mantener sus plazas e incluso incurrir en acoso sexual. “Basta de pagar para trabajar”, “Renuncié por acoso sexual” y “Fuera Perales” se leía en las pancartas que llevaban.
Mientras tanto, la tensión escalaba. Policías del Grupo de Reacción Torreón bloquearon las salidas de la propia corporación, generando reportes al 911 de agentes que denunciaban estar retenidos. La respuesta fue inmediata: efectivos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal tomaron el control del patrullaje en Torreón. La escena, más digna de una serie distópica que de una ciudad que presume avances en seguridad, quedó registrada en audios filtrados en redes sociales que apuntaban a un supuesto aval del gobernador Manolo Jiménez para limpiar de raíz a los mandos municipales.
Desde Saltillo, en la Reunión de Seguridad, Jiménez fue tajante: “Ese tema se acaba hoy”. Anunció que las fuerzas federales y estatales asumirían la seguridad en Torreón de forma temporal, siguiendo un modelo que, según presumió, ha convertido a Saltillo y Piedras Negras en dos de las ciudades más seguras del país, de acuerdo con el INEGI. Sin embargo, omitió mencionar que en Torreón, la percepción de inseguridad creció casi 10 puntos porcentuales entre diciembre de 2024 y marzo de 2025, lo que sugiere que la estrategia local venía haciendo agua mucho antes del paro.
La intervención no solo busca apagar el incendio de la protesta. De fondo, se arrastra una ruptura anterior del convenio del Mando Único entre el municipio y el estado, así como denuncias previas de abusos de parte del Grupo de Reacción Torreón, minimizadas en su momento como “intereses políticos” por el alcalde Román Alberto Cepeda.
En esta narrativa de desgaste institucional, el secretario del Ayuntamiento, José Elías Ganem, también fue obligado a enfrentar a los inconformes —literalmente por la puerta trasera—, mientras los policías retenidos denunciaban presiones internas para acallar sus reclamos.
El fiscal general del estado, Federico Fernández Montañéz, confirmó que se recibieron al menos 17 reportes de emergencia denunciando retención forzada de policías. Aunque las imágenes de humo blanco en las instalaciones de seguridad provocaron especulaciones sobre el uso de gas lacrimógeno, la versión oficial apunta a posibles descargas de extintores, sin que hasta ahora haya un informe claro de lo ocurrido.
La situación obligó al despliegue de entre 70 y 90 agentes estatales y de la Agencia de Investigación Criminal, apoyados por militares y guardias nacionales. Sin embargo, el operativo evidencia una realidad incómoda: el paro de apenas 20 o 30 elementos es suficiente para afectar gravemente la cobertura de seguridad de la ciudad.
Frente a esta fractura, el discurso oficial insiste en que la autonomía municipal no será vulnerada, pero los hechos sugieren otra historia: una corporación policíaca fragmentada, acusaciones graves contra sus mandos y un gobierno estatal decidido a tomar el control para contener una crisis que ya es demasiado visible para ser ignorada.
Mientras los altos mandos cruzan comunicados y promesas de “restaurar el orden”, en las calles de Torreón se juega algo más que un control político: se disputa la confianza ciudadana en sus instituciones de seguridad, un recurso tan volátil como indispensable.
