Con un enfoque que pretende incentivar la manufactura en suelo estadounidense, el gobierno de EEUU anunció la aplicación de aranceles del 25% sobre automóviles importados, abarcando incluso a los provenientes de países tradicionalmente integrados en la producción conjunta de América del Norte, como Canadá y México.
Los aranceles para vehículos entrarán en vigor a las 12:01 a.m. del jueves 3 de abril, mientras que los gravámenes sobre autopartes se aplicarán a partir del 3 de mayo, según precisó el Registro Federal. Además, la administración de Trump ha instruido al Departamento de Comercio para que, en un plazo de 90 días, se evalúe la inclusión de nuevos componentes en la lista tarifaria, en respuesta a solicitudes de productores nacionales. Este proceso abierto sugiere que el Gobierno busca ampliar el alcance de las medidas, adaptándose a las presiones de la industria interna y a la dinámica del comercio exterior.
En el marco de esta política, se ha discutido también la posible revocación de las exenciones arancelarias a envíos de bajo valor procedentes de China, una medida que reactivarían las decisiones adoptadas en febrero. Esta propuesta implicaría un endurecimiento en la entrada de productos chinos baratos, situación que los funcionarios atribuyen a dificultades logísticas en la inspección de grandes volúmenes, y que podría reconfigurar el flujo de mercancías hacia Estados Unidos.
Trump ha enmarcado estas decisiones como un punto de inflexión en la recuperación económica nacional. En declaraciones recientes, Trump describió este cambio como el “inicio del ‘Día de la Liberación’” en el que se recuperaría el dinero supuestamente perdido por políticas de gobiernos anteriores. Sin embargo, expertos del sector automotriz se muestran escépticos sobre el impacto real en la reubicación de la producción, señalando que trasladar la fabricación al territorio estadounidense no solo es logísticamente complejo, sino que podría encarecer los vehículos entre 5.000 y 15.000 dólares por unidad. A este escenario se suman los aranceles previamente impuestos a metales como el acero, aluminio y la amenaza sobre el cobre, elementos esenciales en la manufactura de automóviles, lo que incrementa aún más los costos de producción.
La medida, que en apariencia pretende proteger la industria nacional, genera un debate en el que confluyen aspectos económicos y políticos. Por un lado, la acción tarifaria busca incentivar la producción interna y reducir la dependencia de importaciones; por otro, se enfrenta a críticas que destacan el impacto negativo sobre los consumidores y la competitividad de las marcas estadounidenses, en un contexto en el que el libre comercio ha permitido durante décadas una integración sin barreras significativas en el continente. La incertidumbre respecto a la implementación de un sistema efectivo para diferenciar componentes de origen estadounidense dentro del marco del T-MEC añade otra capa de complejidad, ya que mientras los vehículos que cumplan las reglas del acuerdo pueden acceder a un trato preferencial, la aplicación de tarifas a piezas no identificadas o no calificadas podría retrasar o distorsionar la cadena de suministro.
En síntesis, las nuevas medidas arancelarias reflejan una apuesta por la reindustrialización de Estados Unidos que, sin embargo, se enfrenta a desafíos prácticos y a un escenario de incertidumbre para la industria automotriz global. El impacto en precios y en la dinámica comercial se vuelve, pues, un tema crucial que invita a un análisis crítico de los verdaderos beneficios y costos de una política que, en la práctica, podría repercutir de manera significativa en el bolsillo de los consumidores y en la competitividad internacional del sector.
