Donald Trump, el mismo que construyó su carrera política sobre la promesa de deportar a todos los migrantes indocumentados, ahora parece estar dispuesto a hacer una excepción… siempre y cuando esa mano de obra barata siga cosechando los campos de Estados Unidos.
En una reciente reunión de gabinete, el presidente estadounidense reculó —una vez más— y anunció que permitirá que algunos inmigrantes indocumentados permanezcan “por un tiempo” en el país si cuentan con recomendaciones de los propietarios de las granjas. El giro retórico no es casual: las redadas masivas orquestadas por agencias como ICE, DEA, US Marshall y ATF ya están provocando escasez de trabajadores agrícolas, lo que a su vez se ha traducido en un aumento del precio de frutas, verduras y carne. Es decir, el discurso antiinmigrante comienza a chocar con el bolsillo del consumidor estadounidense.
La nueva postura presidencial plantea que los trabajadores migrantes podrán permanecer provisionalmente si cumplen con ciertas condiciones y que, eventualmente, podrían regresar de manera “legal” tras un proceso que aún no está definido. Aunque las declaraciones son imprecisas, se sugiere la posibilidad de ampliar algún tipo de programa de empleo temporal —algo que requeriría la participación del Congreso.
Esta narrativa marca un contraste drástico con las promesas de campaña con las que Trump fue reelecto: deportaciones masivas sin importar si los afectados trabajaban en el campo, la construcción o el sector alimenticio. Los primeros meses de su nuevo mandato confirmaron ese objetivo, con redadas generalizadas que han dejado a miles de personas sin empleo y han infundido miedo entre quienes solían presentarse a trabajar. La consecuencia ha sido una reducción significativa en la fuerza laboral agrícola, afectando directamente la producción y el costo de los alimentos básicos.
Curiosamente, quienes alguna vez fueron tachados por Trump como “criminales” o “violadores” hoy cuentan con la defensa —aunque sea pragmática— del mismo mandatario. Ahora se reconoce que los rancheros y agricultores estadounidenses “dependen” de estos trabajadores para sobrevivir, y que “hay que cuidar de nuestros agricultores”.
Incluso Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, presentó un plan de “autodeportación” que Trump avaló públicamente. El esquema sugiere que quienes salgan “de buena manera” podrán aspirar a regresar legalmente, aunque el mecanismo para hacerlo aún está lejos de definirse con claridad. En resumen: si los migrantes indocumentados no trabajan, el campo se paraliza; si se van, habrá que traerlos de vuelta… pero con visa.
Lo irónico es que, mientras se sigue culpando a los inmigrantes de “robar empleos”, se omite que los estadounidenses que respaldan a Trump no están dispuestos a ocupar esos mismos puestos en el campo. Por eso, en esta vuelta de tuerca, la administración no solo suaviza su discurso, sino que intenta estructurar una política migratoria funcional… pero solo cuando las consecuencias del extremismo tocan el refrigerador de sus votantes.
