Una nueva tragedia sacudió a Salamanca, Guanajuato, donde un grupo armado irrumpió en un campo de fútbol en la comunidad de Cárdenas y asesinó a cuatro personas mientras se realizaban actividades recreativas familiares, dejando además a dos personas heridas. El ataque ocurrió el lunes 14 de abril, alrededor de las 17:00 horas, justo al inicio de las vacaciones de Semana Santa. En el lugar se encontraban niños y adultos realizando ejercicio cuando los agresores dispararon sin previo aviso y huyeron del lugar.
Este evento no es un hecho aislado. Apenas el 16 de marzo, en la comunidad de San José de Mendoza —también en Salamanca— otro grupo armado perpetró una masacre en una cancha deportiva, donde ocho jóvenes, tres de ellos menores de edad e integrantes de un grupo pastoral, fueron asesinados bajo un modus operandi similar: civiles desarmados, atacados sin previo aviso en un espacio público.
Con este nuevo ataque, Salamanca acumula 13 homicidios en lo que va de abril y se suma a la décima masacre registrada en Guanajuato durante 2025. El recrudecimiento de la violencia en espacios recreativos genera un patrón preocupante: el crimen organizado ha convertido las canchas en territorios de ejecución pública. Ya no se trata solo de “zonas calientes”, sino de lugares donde la población acude a convivir y sentirse segura.
A pesar de la presencia cercana de un filtro de seguridad de la Guardia Nacional —ubicado a tan solo medio kilómetro del lugar de los hechos—, no hubo reacción inmediata para contener el ataque. Las autoridades, por su parte, no han ofrecido aún una postura oficial ni han identificado públicamente a las víctimas o los agresores. El silencio institucional contrasta con el pánico y la indignación que se vive en las comunidades afectadas.
Lo ocurrido desmiente la supuesta “relativa tranquilidad” que las autoridades presumieron tras la visita del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el pasado 25 de marzo. En esa ocasión, el funcionario anunció la creación de dos nuevos grupos especiales para combatir la delincuencia en el estado: uno coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y otro por la Secretaría de Seguridad federal, en conjunto con autoridades estatales. Incluso se reportó una reducción del 40 % en los homicidios dolosos. Sin embargo, la realidad en Salamanca parece otra.
Este patrón de violencia no solo habla de la capacidad de fuego de los grupos criminales, sino de la vulnerabilidad estructural del aparato de seguridad local y federal. Las canchas, que deberían ser espacios de paz, se han transformado en escenarios de impunidad. La población, mientras tanto, queda atrapada entre cifras optimistas y balas sin destinatario claro.
La reiteración de estos actos en espacios comunitarios revela una falla profunda: ni los operativos especiales ni las declaraciones oficiales están siendo suficientes para disuadir la acción criminal. En Guanajuato, la violencia no toma vacaciones, y la confianza ciudadana sigue siendo una víctima más en cada ataque.
