Cuando Walter Javier Olivera Valladares fue detenido en un centro comercial de Mérida, no solo cayó un hombre. También tropezó una narrativa que intentó durante años limpiarse con papel prensa. Exvocero del gobernador campechano Alejandro “Alito” Moreno y yerno de otro exgobernador (Carlos Miguel Aysa González), Olivera es ahora el protagonista de un nuevo capítulo en la saga del reciclaje político mexicano.
De funcionario a empresario, de priista leal a consultor en Mérida, su trayectoria no es distinta a la de otros operadores políticos que descubren el emprendimiento una vez que las puertas del poder se cierran o cambian de cerrojo. Pero la transición de Olivera al sector privado fue, digamos, poco discreta: departamentos en zonas exclusivas, una mansión en Campeche Hills —casi vecina de “Alito”— y una empresa de consultoría cuyo capital simbólico parecía ser su currículum político más que su portafolio empresarial.
Su paso por la Unidad de Comunicación Social del gobierno campechano no fue menor. Allí no solo se dirigió la estrategia mediática del estado, sino que también se ejecutó una millonaria campaña de autopromoción. El diario Por Esto estima que se desviaron 16 millones de pesos del erario para proyectar la imagen de Moreno Cárdenas en prensa local y nacional. Olivera, como buen director de orquesta, no escatimó recursos: desde inflar nóminas hasta orquestar exclusivas con medios afines, pasando por obligar a voceros de otras dependencias a replicar el libreto oficial.
El guión incluyó, según distintas fuentes, tácticas como impedir que otras dependencias informaran por su cuenta y asegurarse de que todos los reflectores apuntaran hacia el gobernador. ¿Centralismo comunicacional o culto a la personalidad? Usted decide.
Tras dejar su cargo en 2019 para apoyar la campaña de “Alito” por la dirigencia nacional del PRI —sí, también eso—, Olivera eventualmente renunció al partido en 2020. Pero su vínculo con el proyecto político de Moreno Cárdenas se mantuvo tan vigente como su cuenta de Twitter.
Las investigaciones actuales, impulsadas por la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Campeche, lo vinculan no solo con el presunto desvío de recursos, sino también con posibles irregularidades en la cobertura de campañas electorales. No olvidemos que en 2021 fue denunciado junto a otros funcionarios por participar en actos partidistas durante horas laborales, aprovechando el aparato gubernamental para fines electorales. No es que eso sea nuevo, pero tampoco es legal.
¿Y los audios de “Alito” revelando pagos a periodistas y millones a publicistas extranjeros? Son la banda sonora de fondo que acompaña esta puesta en escena de la política-espectáculo. Mientras tanto, Olivera Valladares, que alguna vez tuvo como misión construir la imagen de otros, enfrenta ahora su propia narrativa: la de un operador atrapado entre lealtades políticas y expedientes judiciales.
