A menos de un mes de la elección judicial de 2025, el Instituto Nacional Electoral (INE) activó el voto anticipado para personas en situación de postración, con discapacidad y sus cuidadoras primarias. El objetivo: garantizar el ejercicio del sufragio a quienes no pueden trasladarse físicamente a las casillas el 1 de junio. Sin embargo, a pesar de las garantías institucionales, las cifras revelan una baja participación registrada en este mecanismo, lo que abre preguntas sobre su alcance real y la efectividad de su difusión.
El proceso, que arrancó este lunes y concluirá el 21 de mayo, contempla visitas domiciliarias por parte del personal del INE, quienes entregan las boletas correspondientes al distrito del votante, las recogen una vez llenadas y las resguardan en sobres sellados en las Juntas Distritales hasta el conteo oficial. Estos votos serán los primeros en contabilizarse al cierre de casillas, según lo programado por el organismo electoral.
De las 14 mil 359 personas registradas en el padrón especial con derecho a voto anticipado, sólo 5 mil 555 presentaron solicitud en tiempo y forma, lo que representa apenas una tercera parte del universo potencial. Esta baja respuesta llama la atención, considerando que se trata de uno de los pocos mecanismos diseñados expresamente para garantizar derechos políticos en contextos de movilidad reducida o dependencia física. Del total de solicitudes aprobadas, más del 64% fueron de mujeres (3,558), mientras que los hombres sumaron 1,997, evidenciando también una dimensión de género en el acceso a este derecho.
Por entidades, la Ciudad de México encabeza la lista con 557 votantes inscritos en esta modalidad, seguida del Estado de México (415), Veracruz (354), Aguascalientes (290) y Nuevo León (289). La disparidad en las cifras entre entidades también permite intuir diferencias en el acceso a la información, las capacidades logísticas locales o incluso la cultura de participación en este tipo de procesos.
Para ser admitido en esta modalidad, era necesario cumplir con varios requisitos legales y administrativos, incluyendo estar inscrito en el Listado Nominal, contar con credencial vigente, haber expresado formalmente la intención de ejercer el voto desde casa y que dicha solicitud fuera validada por el INE conforme al artículo 141 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE). Este proceso también aplicó, de forma especial, para personas cuidadoras y ciudadanos con discapacidad sin credencial, quienes pudieron manifestar su intención mediante un formato adicional.
En paralelo, el consejero electoral Jorge Montaño, presidente de la Comisión Temporal de la Elección Judicial, aseguró que el resto del proceso comicial está garantizado. Según sus declaraciones, se instalarán más de 84 mil casillas en todo el país, y, hasta el momento, no existen reportes de inseguridad que impidan su colocación. Aunque aclaró: “Donde no haya condiciones, no se realizarán”, una advertencia que, si bien prudente, sugiere la posibilidad de vacíos operativos en zonas vulnerables.
La contradicción entre la afirmación de que “todo está garantizado” y la admisión de que podrían no instalarse casillas en ciertas zonas, deja entrever una tensión latente entre la promesa institucional de cobertura total y la realidad territorial de México, marcada por focos de inseguridad, migración forzada o abandono rural.
Aunque el voto anticipado representa un avance en términos de inclusión, los números revelan que su impacto es aún limitado. Y mientras se mantiene el discurso de que las condiciones están dadas para una elección justa y sin contratiempos, la realidad evidencia que el reto no es sólo legal o logístico, sino también comunicacional y cultural: garantizar el derecho a votar comienza desde el acceso efectivo a los mecanismos diseñados para ejercerlo.
