n Hidalgo, la violencia contra los animales no es una excepción: es una constante que, a pesar de estar tipificada como delito, continúa normalizándose bajo la mirada pasiva de autoridades municipales. El más reciente caso, ampliamente difundido en redes sociales, ocurrió en la colonia El Palmar de Pachuca, donde una mujer fue grabada mientras arrastraba a una perrita inconsciente por el cuello. El video, que generó una ola de indignación, muestra cómo testigos intentan intervenir, pero la agresora responde con burlas y continúa jalando al animal.
La situación se volvió viral y permitió que activistas como Vannia Castillo, conocida por su trabajo en rescate de animales, acudieran al sitio para brindar atención veterinaria urgente a la perrita, ahora bautizada como Milagros. Su sobrevivencia fue posible gracias a la intervención ciudadana de Yamilé y su hijo Bayron, quienes impidieron un desenlace fatal.
Pero el caso de Milagros no es aislado. Ese mismo 1 de mayo, en Huejutla, un operador de ambulancia atropelló a un perrito en plena vía pública. Lejos de mostrar arrepentimiento, el conductor respondió con cinismo ante los reclamos: “No creo que el presidente se enoje porque atropellé al perro”. El comentario, tan crudo como revelador, expone la impunidad con la que se cometen estos actos, y la negligencia de quienes deberían sancionarlos.
Horas después, en Apan, otro perrito fue hallado sin vida tras ser atacado con un arma blanca. Las cámaras de seguridad mostraron que el animal salió herido de una vivienda, caminó más de 50 metros y colapsó por la pérdida de sangre. La escena fue documentada por vecinos y confirmada por activistas de la asociación civil La Jauría de Balú, quienes denunciaron el hecho ante la Unidad Especializada en Delitos contra los Animales.
Los tres casos comparten una narrativa alarmante: violencia sistemática hacia seres vivos y autoridades rebasadas o indiferentes. Y aunque el Congreso de Hidalgo aprobó el pasado 25 de marzo una reforma constitucional que reconoce a los animales como “seres sintientes”, dicho avance legal sigue sin materializarse en medidas de protección efectivas. La reforma —impulsada por el diputado Avelino Tovar Iglesias del Partido Verde Ecologista— fue votada por unanimidad y establece que los animales poseen conciencia, lo que les permite experimentar dolor, placer y sufrimiento.
A pesar de este marco jurídico, la exigencia de colectivos como La Jauría de Balú va más allá de las reformas en papel. En un acto simbólico frente a la sede del gobierno estatal, miembros del colectivo encendieron velas, mostraron fotografías de animales agredidos y realizaron un performance que denunció la brutalidad creciente. Luisa Jiménez del Ángel, líder del grupo, advirtió que los casos documentados incluyen desde asesinatos y mutilaciones hasta violaciones a mascotas. “No basta con reconocer su capacidad de sentir si los agresores siguen caminando libres”, sentenció.
Las activistas también colaboran actualmente con la Procuraduría General de Justicia del Estado para robustecer las carpetas de investigación, pero enfrentan el mismo obstáculo de siempre: un sistema penal que minimiza estos actos como si fueran simples incidentes domésticos, pese a su gravedad y recurrencia.
En un país donde los escándalos suelen diluirse con rapidez, el caso de Milagros logró capturar la atención nacional. Sin embargo, su historia es apenas una hebra en un entramado mucho más oscuro: el de una sociedad que clama por justicia mientras el Estado sigue atado a un concepto arcaico del maltrato animal, cuando ya no hay excusas ni vacíos legales que lo permitan.
