- También se reformó la ley educativa para prevenir la deserción escolar de mujeres embarazadas
- Se amplían restricciones para establecimientos que venden bebidas alcohólicas
Legisladores presentaron iniciativas y posicionamientos sobre vivienda, medio ambiente y libertad de expresión
Durante la novena sesión ordinaria, las y los diputados de la LXVI Legislatura del Congreso de Aguascalientes aprobaron la Ley que crea la Universidad Intercultural para la Igualdad del Estado de Aguascalientes, la cual estará ubicada en el municipio de San Francisco de los Romo. La iniciativa fue presentada por los legisladores Lucía de León Ursúa, Amisadai Manuel Castorena Romo, Heriberto Gallegos Serna, Alma Hilda Medina Macías y Fernando Alférez Barbosa.
La nueva universidad contará con una estructura compuesta por órganos de gobierno, administración, control y evaluación, así como consejos académicos, estudiantiles y de comunidades diversas e inclusivas. Tendrá la facultad de establecer sedes en otros municipios y estará enfocada en una educación con perspectiva de género, derechos humanos, interculturalidad e igualdad sustantiva.
En la misma sesión, se aprobó una reforma al artículo 35 de la Ley de Educación del Estado, impulsada por la diputada Jedsabel Sánchez Montes. Esta modificación busca implementar políticas que garanticen la permanencia y continuidad de los estudios en nivel medio superior, especialmente entre mujeres embarazadas, en parto o puerperio, mediante diversos apoyos para prevenir la deserción escolar.
También se avaló una reforma al artículo 24 de la Ley que regula la venta y consumo de bebidas alcohólicas en el estado, con el objetivo de ampliar las restricciones sobre la ubicación de nuevos establecimientos. A partir de esta reforma, no se podrán conceder licencias a negocios ubicados a menos de 150 metros de centros de atención o reinserción social.
En asuntos generales, se presentaron diversas iniciativas y posicionamientos. Fernando Alférez y Genny López hablaron sobre la necesidad de proteger el ecosistema de La Pona, mientras que Laura Ponce propuso una reforma al Código Penal para garantizar que los recursos de pensiones alimenticias se destinen directamente al bienestar de menores. Daniela López planteó una reforma constitucional para asegurar el derecho a una vivienda digna y adecuada, y Mirna Medina advirtió sobre posibles restricciones a la libertad de expresión en la iniciativa de telecomunicaciones presentada en el Senado.
