Una jueza del condado de Miami-Dade, Florida, emitió una sentencia sin precedentes contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, y su esposa, Cristina Pereyra, por un esquema de corrupción y lavado de dinero que habría saqueado cientos de millones del erario mexicano. La suma: 2,488 millones de dólares. La sentencia civil no solo revela la dimensión del fraude, sino que marca un nuevo hito en la recuperación internacional de activos públicos desviados a través de redes de contratos amañados y paraísos fiscales.
El caso se remonta a septiembre de 2021, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México presentó una demanda civil para recuperar bienes adquiridos con fondos presuntamente robados entre 2012 y 2018. Según las investigaciones, bajo el auspicio de García Luna, un conglomerado de empresas vinculadas a la familia Weinberg —de origen israelí— obtuvo 30 contratos públicos con entidades de seguridad mexicanas, desviando al menos 580 millones de dólares. Buena parte de esos fondos fueron triangulados mediante paraísos fiscales hacia Miami, donde se invirtieron en propiedades y activos.
La jueza Lisa Walsh dictó sentencia tras constatar la incomparecencia tanto de García Luna como de su esposa, quien inicialmente tuvo representación legal, pero terminó por retirarse del proceso. La falta de defensa fue interpretada como una admisión implícita de los cargos. Ella deberá pagar 1,740 millones de dólares, y él otros 748 millones.
De los 28 inmuebles reclamados, 18 ya habían sido vendidos (12 antes del litigio y seis después), mientras que otros codemandados, como José Francisco Niembro, exfuncionario de Seguridad, acordaron pagos compensatorios. Los Weinberg, por su parte, siguen en negociaciones con las autoridades mexicanas.
Este proceso es completamente independiente del juicio penal que se lleva a cabo en Nueva York, donde García Luna fue hallado culpable en 2023 de proteger al Cártel de Sinaloa y fue condenado en octubre de 2024 a 38 años y ocho meses de prisión, además de una multa de 2 millones de dólares. Actualmente cumple condena en Virginia, pero México ya solicitó formalmente su extradición para enfrentar cargos por estos desfalcos.
La estrategia legal mexicana se apoyó en una figura jurídica poco usual: pedir el fallo sin juicio ante la omisión de respuesta de los acusados. En palabras de la UIF, “un demandado que incurre en una falta por no responder a la demanda admite los hechos bien fundamentados”. El tribunal coincidió.
Mientras la justicia estadounidense le pone precio a uno de los mayores casos de corrupción administrativa en México, el gobierno mexicano busca ahora materializar la recuperación de los activos. El costo político y social, sin embargo, es incalculable. Que un alto funcionario de seguridad haya operado simultáneamente como pieza clave del Estado y como facilitador de estructuras criminales y empresariales cuestiona no solo a una administración, sino a todo un aparato institucional que durante años normalizó la impunidad.
Este capítulo judicial, más cercano a un episodio de Narcos que a una rendición de cuentas democrática, deja claro que las redes de corrupción de cuello blanco ya no se escudan tan fácilmente tras fronteras. Aunque la narrativa cambie de país, los rastros del dinero robado siguen dejando huella.
