El hallazgo de 83 cajas con documentos nazis en los archivos de la Corte Suprema de Justicia de Argentina reaviva uno de los capítulos más oscuros —y a la vez más incómodos— de la historia del país: su compleja relación con el Tercer Reich, tanto durante como después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que parecía una simple mudanza administrativa para la creación de un museo judicial, terminó abriendo una puerta al pasado que muchos preferían cerrada.
Los materiales encontrados incluyen propaganda oficial del régimen de Adolf Hitler, postales, fotografías, libretas de afiliación al Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP), y documentos sindicales vinculados al nazismo. Según informó el propio tribunal, parte de este material fue introducido a Argentina desde la embajada alemana en Tokio, a bordo del vapor japonés Nan-a-Maru, que atracó en Buenos Aires el 20 de junio de 1941, cuando Argentina aún se mantenía oficialmente neutral frente al conflicto bélico europeo.
La embajada declaró entonces que se trataba de efectos personales, pero la División de Aduanas y Puertos decidió retener el cargamento y dio aviso al entonces canciller Enrique Ruiz Guiñazú. Poco después, una Comisión Especial Investigadora de Actividades Antiargentinas, dependiente del Congreso, abrió algunas cajas y confirmó la presencia de material propagandístico nazi, lo que llevó a su incautación judicial el 13 de septiembre de 1941. Desde entonces, las cajas fueron relegadas al olvido institucional y permanecieron arrumbadas en los subsuelos del edificio de la Corte durante más de 80 años.
El presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, encabezó la apertura formal de las cajas, acompañado por representantes del Museo del Holocausto de Buenos Aires y de la comunidad judía argentina. El objetivo actual es realizar un inventario detallado y digitalización del material para evaluar su relevancia histórica y su posible utilidad para comprender mejor las conexiones internacionales del nazismo, particularmente en América Latina.
La Corte Suprema reconoció que parte del contenido podría ofrecer nuevas pistas sobre el financiamiento global del régimen nazi y sus redes de influencia, aún poco exploradas en el cono sur. El Museo del Holocausto también destacó que podría haber información inédita vinculada al Holocausto, por lo que colaborará en el análisis y conservación de los documentos.
El hallazgo no se da en un vacío histórico. A inicios de 2024, el gobierno de Javier Milei ordenó la desclasificación de 1,850 documentos estatales relacionados con la actividad de nazis en el país. Entre ellos, registros vinculados a figuras como Adolf Eichmann y Josef Mengele, ambos refugiados en Argentina tras el fin de la guerra. Eichmann, célebre por haber organizado la logística del genocidio judío, fue capturado en 1960 por agentes del Mossad en Buenos Aires, juzgado en Jerusalén y ejecutado en 1962. Mengele, en cambio, escapó impune hasta su muerte en Brasil.
No es casual que este nuevo hallazgo se ubique justo en el corazón del poder judicial argentino. Durante décadas, las instituciones del país han sido señaladas por su ambivalencia hacia el legado del nazismo: mientras miles de judíos perseguidos encontraron refugio en Argentina, también lo hicieron altos mandos del Tercer Reich. Esta contradicción histórica continúa teniendo eco en el presente, especialmente en un país que aún arrastra el peso de atentados impunes como el de la Embajada de Israel (1992) y el de la AMIA (1994), ambos dirigidos contra la comunidad judía local.
La reapertura de estos archivos y su incorporación al acervo público podrían ser un paso decisivo hacia una mayor transparencia histórica, pero también dejan entrever cuántas capas de silencio institucional han sido necesarias para que estos documentos permanecieran sepultados por tanto tiempo.
