La más reciente balacera en el penal de Aguaruto, Culiacán, expone con crudeza las grietas estructurales del sistema penitenciario sinaloense. Lo que comenzó como una revisión ordinaria derivó en un enfrentamiento armado entre internos y elementos de seguridad, que incluyó ráfagas, caos, y el hallazgo posterior de un arsenal que no debería haber estado ahí. El Gobierno estatal asegura que no hubo heridos ni muertos, pero los testimonios contradicen el silencio institucional.
Las detonaciones iniciaron al mediodía del 21 de mayo, durante una revisión en los módulos 8, 12, 14 y 18 del penal. Según reportes, fueron internos quienes abrieron fuego en respuesta a la inspección. El enfrentamiento fue contenido hacia las 12:25 por el Grupo Interinstitucional. Afuera, familiares atrapados entre la incertidumbre y la violencia describieron escenas de terror: disparos constantes, guardias gritando “protéjanse” y personas refugiadas en cuartos improvisados. Entre quienes vivieron el caos había niñas y niños que habían asistido a una ceremonia de graduación de un programa de rehabilitación.
El operativo posterior dejó al descubierto una estructura que parece más un bastión criminal que un centro de reclusión: 11 fusiles, 14 pistolas, 94 cargadores, explosivos, granadas, 42 celulares, una laptop, siete módems, una antena Starlink, radios, drogas en diversas presentaciones y un túnel de 15 metros de largo por cinco de profundidad. La existencia de este último revive el fantasma de múltiples fugas, incluida la ocurrida durante el “Culiacanazo” de 2019, cuando más de 40 reos escaparon tras la fallida detención de Ovidio Guzmán.
La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa no especificó el propósito del túnel, pero confirmó su clausura. También prometió continuar con las inspecciones en todos los centros penitenciarios del estado. Sin embargo, la narrativa oficial contrasta con el historial de irregularidades del penal. En febrero pasado, el entonces director fue destituido tras un cateo que reveló la presencia de armas, alcohol y tecnología de conexión satelital.
Las autoridades aseguran que no hubo bajas, pero testigos afirman que el silencio posterior a los disparos “era sepulcral” y sugieren un desenlace más trágico. La carretera Culiacán–Navolato fue cerrada, helicópteros sobrevolaron la zona, y se pidió a la ciudadanía no circular por las inmediaciones.
Más allá de un incidente aislado, lo ocurrido en Aguaruto refleja el fracaso acumulado de una política de seguridad que permite que un penal opere como un centro logístico del crimen organizado. En un estado que acumula más de 1,300 homicidios dolosos en lo que va del año, el penal no escapa a la lógica de guerra que gobierna buena parte del territorio sinaloense.
La falta de información precisa, el contraste entre versiones oficiales y testimonios, y la facilidad con la que se almacenan armas y tecnología al interior del penal, dejan claro que Aguaruto no es una excepción: es el síntoma más visible de un sistema colapsado que ya no puede seguir fingiendo normalidad.
