Mientras buena parte del país enfrenta ajustes fiscales, recortes presupuestales y campañas de austeridad, el cardenal emérito Norberto Rivera Carrera se posiciona como un fiel devoto… del reembolso millonario. El jerarca católico adquirió dos departamentos de lujo —valuados en más de 10 millones de pesos cada uno— en la torre más alta y exclusiva de la Ciudad de México: Mitikah. Sin embargo, consideró que los impuestos por dicha adquisición fueron un “exceso” que debía ser subsanado. Y lo consiguió.
El 29 de febrero de 2024, Rivera compró los departamentos 4201 y 4205 en el complejo residencial ubicado al sur de la capital. Por cada propiedad pagó, además del precio millonario, un total de más de 1.3 millones de pesos por concepto del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) y derechos de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad. A los pocos días, promovió un amparo alegando que el cobro era desproporcionado, y en mayo del mismo año, la jueza Blanca Lobo Domínguez resolvió a su favor.
La sentencia determinó que la estructura fiscal de la Ciudad de México —específicamente el artículo 113 del Código Fiscal local— violaba el principio constitucional de proporcionalidad tributaria. Argumentó que pequeñas diferencias en el valor catastral generaban variaciones “injustificables” en el impuesto. Por ello, el fallo ordenó la devolución total del ISAI: 651 mil 101 pesos por un departamento y 700 mil 150 por el otro, además de 41 mil 518 pesos por los trámites de inscripción.
Es decir, mientras parroquias en zonas vulnerables subsisten con donaciones y rezos, el cardenal Rivera libra batallas legales no por justicia divina, sino por justicia fiscal. Y las gana.
El Gobierno de la Ciudad de México impugnó la resolución, pero el Cuarto Tribunal Colegiado en materia Administrativa confirmó la sentencia en diciembre de 2024. Para abril de 2025, las autoridades aún no cumplían con la devolución, razón por la que se concedió una prórroga para reintegrar el dinero, ahora debidamente actualizado. La Secretaría de Administración y Finanzas, por su parte, se comprometió a “actuar en apego a la legalidad”.
Este episodio se suma a una larga trayectoria de controversias protagonizadas por Rivera, quien ha sido señalado por proteger a sacerdotes acusados de pederastia y por su implicación en la venta del copyright de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Con este nuevo capítulo, el cardenal no sólo confirma su habilidad para navegar los laberintos legales, sino también para habitar —literal y simbólicamente— las alturas del privilegio.
El caso ha provocado una ola de indignación en redes sociales. Comentarios como “la austeridad es para los fieles” o “Dios provee, el Estado también” resumen el sentir ciudadano ante lo que parece una concesión fiscal dorada a uno de los líderes religiosos más cuestionados del país.
La ironía no pasa desapercibida: mientras las autoridades hacen malabares para sostener las finanzas públicas, deben devolverle más de 1.3 millones de pesos a un religioso que decidió comprar propiedades en una torre que bien podría ser símbolo del cielo… pero del cielo inmobiliario capitalino.
