Este 15 de mayo, en el marco del Día del Maestro, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un aumento salarial del 10% para el magisterio, acompañado de una serie de medidas destinadas a mejorar las condiciones laborales de los docentes. Sin embargo, mientras el gobierno federal celebra el anuncio como un gesto de justicia laboral, en las calles del Zócalo capitalino la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene un plantón que desnuda el descontento acumulado por años.
El incremento, que se aplicará en dos etapas —9% retroactivo al 1 de enero y un 1% adicional en septiembre—, busca homologar el salario docente con el promedio que perciben los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Esta comparación ha sido usada por Sheinbaum como referente desde que era jefa de Gobierno y ahora como presidenta reafirma su intención de mantenerla.
No obstante, los números actuales evidencian una desigualdad alarmante. Mientras que el salario promedio nacional de un docente de primaria es de 7,890 pesos mensuales, hay estados como Querétaro y Morelos donde se perciben sueldos que no alcanzan ni el salario mínimo vigente de 8,400 pesos. En Querétaro, por ejemplo, un maestro puede ganar apenas 2,380 pesos al mes, menos de lo que cuesta una despensa básica.
En contraste, estados como Campeche o Baja California Sur ofrecen sueldos de entre 12,900 y 13,300 pesos mensuales, lo que deja en claro que, más allá del aumento federal, el sistema de compensaciones en México está fragmentado por criterios estatales, esquemas de contratación y condiciones particulares como el tipo de plaza o la antigüedad.
El anuncio presidencial también incluyó una semana adicional de vacaciones al final del ciclo escolar y la revisión del sistema de movilidad laboral, en respuesta a quejas sobre la opacidad de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm). Se promete ahora que los cambios de adscripción se harán presencialmente, considerando únicamente la antigüedad.
Otro punto álgido abordado por Sheinbaum fue la edad de jubilación. La mandataria propuso congelarla en 56 y 58 años, rechazando los efectos del décimo transitorio de la Ley del ISSSTE que elevó los requisitos. Aunque los sindicatos demandan la derogación total del régimen de cuentas individuales, el Ejecutivo reconoció que el tema es “complejo en términos presupuestales”.
Las buenas intenciones del anuncio no han desactivado la movilización magisterial. Desde la noche del 14 de mayo, integrantes de la CNTE instalaron un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México que continúa hasta hoy. Docentes de distintas entidades marcharon desde el Ángel de la Independencia, evidenciando que los anuncios de Palacio Nacional no bastan para frenar el malestar estructural del gremio.
El gobierno reconoce que la relación con el magisterio ha cambiado desde 2018, pero no logra borrar la memoria de las reformas punitivas del pasado ni atender por completo las exigencias actuales. La herencia de la reforma educativa de Peña Nieto, que Sheinbaum calificó de “en contra de los trabajadores”, sigue pesando sobre el sistema educativo, y el simple incremento salarial no basta para disipar décadas de rezago y maltrato institucional.
Lo que está en juego no es solo un ajuste económico, sino la legitimidad de una política educativa que busca reivindicar al magisterio sin tocar las estructuras de inequidad que lo precarizan. Mientras no se resuelva la desigualdad entre estados, la falta de transparencia en las promociones y la incertidumbre sobre las pensiones, el magisterio seguirá marchando aunque haya más dinero sobre la mesa.
