La mañana del miércoles 14 de mayo, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron en Chilpancingo a Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, señalada por su presunta implicación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La exfuncionaria es acusada de obstrucción de la justicia por la supuesta destrucción de material videográfico captado la noche del 26 de septiembre de 2014 en el Palacio de Justicia de Iguala, que habría registrado el ataque a los normalistas por parte de policías municipales y miembros del cártel Guerreros Unidos.
La aprehensión, ejecutada por elementos de la Coordinación Nacional Antisecuestros (Conase) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), se dio en el domicilio de la exmagistrada, ubicado en la colonia Ruffo Figueroa. Según reportes, Galeana Marín presentó problemas de salud al momento del arresto, por lo que fue trasladada en ambulancia bajo custodia. La detención fue discutida en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, donde convergen instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.
Durante su presidencia en el TSJ en 2014, Galeana habría recibido y luego ocultado o destruido grabaciones clave provenientes del sistema de videovigilancia del Palacio de Justicia, pese a la presión constante de familiares de las víctimas, abogados y organizaciones sociales, quienes desde hace una década han exigido el acceso a ese material. La exfuncionaria declaró en su momento que las imágenes captadas eran “manchas borrosas” sin utilidad procesal, argumento que desde entonces ha sido desmentido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y por el colectivo “Nos Faltan 43”, quienes aseguran que las cámaras pudieron captar el momento exacto de la detención y traslado de los estudiantes rumbo a Huitzuco.
Los señalamientos contra Galeana Marín no son nuevos, pero su detención representa el primer gran avance judicial contra una figura del poder judicial local directamente vinculada a la supuesta destrucción de evidencia. Este hecho reaviva los cuestionamientos sobre el entramado institucional que permitió la impunidad durante los gobiernos federal y estatal de 2014, particularmente el encabezado por el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero, cuya administración está ahora bajo nuevo escrutinio.
La FGR aún no confirma si Galeana será trasladada al Estado de México, donde se concentran las causas penales abiertas por el caso Ayotzinapa, pero su detención marca un giro significativo en la narrativa judicial del caso, que por años ha oscilado entre encubrimientos institucionales, verdades históricas derrumbadas y promesas de justicia incumplidas. El arresto también lanza un mensaje claro: el aparato judicial ya no está exento de rendir cuentas por su papel en una de las tragedias más emblemáticas de la violencia y corrupción en México.
