Las detenciones de menores durante la Feria Nacional de San Marcos han disminuido considerablemente gracias a la implementación del nuevo modelo de Justicia Cívica para Adolescentes y la presencia preventiva de la policía municipal, informó el secretario del Ayuntamiento, Enrique García López.
Detalló que ha habido jornadas completas sin reportes de detenciones. El día con mayor número fue el 25 de abril, con cerca de 20 menores canalizados al nuevo Centro de Justicia ubicado en la colonia San Pablo. La mayoría de los casos han sido por faltas administrativas como disturbios o riñas. “Hemos tenido días donde no hubo ni una sola detención. La reincidencia ha bajado significativamente; no tenemos al mismo menor detenido diez veces en el perímetro ferial”, puntualizó.
Sin embargo, el secretario hizo un llamado a frenar la venta y consumo de alcohol entre adolescentes, un problema que persiste año con año. Si bien está prohibido vender alcohol a menores de edad, reconoció que muchos de ellos logran acceder a las bebidas con ayuda de adultos que compran y les entregan el producto. “Cuando un mayor compra y le da la bebida a un menor, se vuelve muy difícil de detener. Por eso es tan importante la corresponsabilidad social”, indicó.
En este sentido, aseguró que los establecimientos que permiten la presencia de menores dentro de zonas con venta de alcohol pueden ser multados con más de 50 mil pesos, y que ya se han aplicado sanciones en esta edición de la feria. Las áreas de Reglamentos, el DIF y la Dirección de Trabajo Municipal han desplegado campañas para prevenir y sancionar el consumo de alcohol entre adolescentes. “Restringir el consumo de alcohol en menores no es un capricho; es una medida con sentido real. No está bien que los menores consuman. Pedimos a la ciudadanía que no se los compren, que no se los faciliten”, subrayó.
El nuevo enfoque del Centro de Justicia también ha permitido canalizar a los adolescentes a atención psicológica, educativa o incluso rehabilitación, dependiendo del caso. Según García López, el 90% de los menores fueron recogidos por sus padres o tutores, quienes ahora participan activamente en el proceso con audiencias ante jueces cívicos.
