Por primera vez, fiscales estadounidenses usan cargos de narcoterrorismo para perseguir a integrantes del Cártel de los Beltrán Leyva, escisión del Cártel de Sinaloa.
En un giro jurídico inédito, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos por narcoterrorismo y apoyo material al terrorismo contra Pedro Inzunza Noriega —alias “El Sagitario”— y su hijo Pedro Inzunza Coronel —conocido como “El Pichón”—, identificados como operadores clave de la facción de los Beltrán Leyva, vinculada al Cártel de Sinaloa. La acusación, presentada en la Corte Federal del Distrito Sur de California, es la primera en su tipo desde que el gobierno estadounidense designó a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras.
Ambos acusados siguen prófugos, pero las autoridades han dejado claro que no se limitarán al lenguaje. “Si actúas como terrorista, no debería sorprenderte ser acusado como terrorista”, declaró Adam Gordon, fiscal federal de distrito. El mensaje va más allá de lo simbólico: el nuevo enfoque jurídico permitirá mayores herramientas legales, incluidas penas más severas como la cadena perpetua, y se enmarca en una estrategia más agresiva impulsada desde la administración de Donald Trump mediante la orden ejecutiva 14157.
El Departamento de Justicia asegura que los Inzunza han traficado durante años decenas de miles de kilogramos de cocaína, metanfetaminas, heroína y fentanilo a Estados Unidos. Según las investigaciones, iniciaron con cocaína colombiana y posteriormente diversificaron su portafolio criminal hacia los opioides sintéticos, un mercado que ha generado decenas de miles de muertes por sobredosis en territorio estadounidense.
Los cargos no se limitan a padre e hijo. Otros cinco integrantes del grupo también fueron imputados, aunque con acusaciones más convencionales como tráfico de drogas y lavado de dinero. Todos ellos enfrentarán juicio en California, la misma jurisdicción que procesa a otros líderes criminales como Iván Archivaldo Guzmán Salazar e Ismael Zambada Sicairos.
Una operación realizada en diciembre pasado en Los Mochis, Sinaloa, permitió el decomiso de mil 500 kilos de fentanilo presuntamente vinculado a la red operada por “El Pichón”, según los fiscales. Se trató de un golpe calificado como “histórico” en el contexto del combate al tráfico de opioides.
Este caso también marca el debut oficial de la nueva Unidad de Narcoterrorismo del Distrito Sur de California. Creada por el fiscal Gordon tras su nombramiento en abril de 2024, esta unidad refuerza el giro punitivo del Departamento de Justicia, que ha puesto en la mira no sólo la logística del narco, sino su impacto político y social equiparable —según su narrativa— al del terrorismo internacional.
La acusación formal representa una convergencia entre política interior y política exterior estadounidense: tras años de cooperación antidrogas que han oscilado entre la diplomacia y la presión, la Casa Blanca opta ahora por redibujar el mapa legal del narcotráfico y elevarlo al terreno del terrorismo. La apuesta no es menor: redefinir legalmente al enemigo implica también redefinir los márgenes de acción del Estado.
Más allá del estruendo mediático, la efectividad de esta nueva doctrina dependerá de su capacidad para traducirse en detenciones, extradiciones y sentencias efectivas. Mientras tanto, los Inzunza siguen en libertad y los vínculos del narcotráfico con la violencia estructural en México permanecen intactos.
