La idea de Donald Trump de aplicar un impuesto del 5% a las remesas enviadas desde Estados Unidos hacia el extranjero —principalmente hacia México— encontró esta semana un inesperado obstáculo: su propio partido. Cinco legisladores republicanos frenaron el avance del “One Big Beautiful Bill”, el megaproyecto fiscal que Trump promueve para extender recortes tributarios y, de paso, gravar los envíos de dinero de millones de migrantes.
El freno vino desde el Comité de Presupuesto de la Cámara Baja, donde los republicanos moderados alertaron que el proyecto no solo era fiscalmente irresponsable —“añadiría billones al déficit”, señalaron—, sino que también tensaría el ya complejo panorama electoral de cara a 2026. “Este proyecto es profundamente insuficiente”, advirtió el legislador Chip Roy, mientras que otros exigieron que se incluyeran recortes adicionales a Medicaid y a subsidios para energías limpias si se quería su respaldo.
Aunque los halcones trumpistas aún no han retirado su apoyo, el revés abre un espacio de negociación tensa y pone en pausa temporal una propuesta que amenaza con alterar profundamente tanto las finanzas de los hogares migrantes como las relaciones bilaterales con México.
México reacciona: tratados, discriminación y alerta diplomática
Desde el Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó la iniciativa como “discriminatoria e injusta”, enfatizando que el impuesto violaría el tratado vigente para evitar la doble tributación, firmado en 1994. La medida, dijo, contraviene el artículo 25 de dicho acuerdo y afecta de manera desproporcionada a los migrantes de bajos ingresos.
Juan Ramón de la Fuente, canciller mexicano, informó que ya se envió una carta formal al Congreso de EE.UU. expresando el rechazo del Gobierno mexicano, con argumentos legales y diplomáticos. La misiva detalla que la medida contraviene acuerdos bilaterales y constituye un trato fiscal discriminatorio.
A esta posición se sumó Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda, quien alertó que el impuesto implica una doble carga tributaria sobre recursos que ya han sido gravados en EE.UU. Además, advirtió que, de aprobarse, se incentivaría el uso de métodos informales o ilegales para el envío de dinero, con consecuencias tanto económicas como de seguridad.
¿Qué está en juego?
Más allá del debate legislativo, lo que está en juego es un caudal económico vital. Solo en 2024, las remesas enviadas desde EE.UU. a México sumaron 64,700 millones de dólares, equivalentes al 3.5% del PIB nacional. Cada operación promedió 393 dólares, principalmente provenientes de California, Texas y Colorado, y con destinos en estados como Michoacán, Guanajuato y Jalisco.
Estas cifras no son menores. Las remesas son un soporte económico directo para millones de familias mexicanas, y una fuente clave de estabilidad para comunidades enteras. El gravamen propuesto por Trump no solo afectaría ese flujo, sino que podría alterar el comportamiento financiero de quienes envían dinero, empujando a muchos hacia canales no regulados.
La disputa fiscal que esconde una pulseada política
Aunque la medida aún podría resurgir en votaciones futuras, su actual congelamiento refleja la fractura interna del Partido Republicano, dividido entre la ortodoxia fiscal y la obediencia política a Trump. Mientras tanto, la administración Biden ha mantenido silencio público, quizás midiendo el costo político de intervenir en una disputa entre republicanos.
Lo que parece una discusión técnica sobre impuestos se revela así como un tablero de ajedrez electoral, fiscal y diplomático. En él, los migrantes quedan en el centro, como peones sacrificables en una estrategia que busca votos… y dinero.
