México ha sido incluido en la “Lista de Vigilancia Prioritaria” de Estados Unidos en materia de propiedad intelectual, un espacio reservado para los países que, según Washington, muestran deficiencias persistentes en la protección y aplicación de estos derechos. A pesar de los compromisos adquiridos desde la firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en 2020, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) sostiene que no se han observado avances significativos en temas como la piratería, la falsificación de marcas o la protección de productos farmacéuticos.
La lista negra, anunciada el 29 de abril, agrupa a México con países como China, Rusia e India, en un club nada deseable desde la óptica del comercio internacional. La USTR señaló que en los cinco años de implementación del T-MEC, la Fiscalía General de la República no ha presentado datos sobre acciones concretas en defensa de los derechos de propiedad intelectual. Además, aún no se han emitido los reglamentos necesarios para aplicar las reformas legales derivadas del acuerdo, como la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial o la Ley de Derechos de Autor.
En el caso particular de México, las alarmas se encendieron también por la supuesta producción y distribución de medicamentos falsificados, un tema que no solo implica pérdidas económicas, sino riesgos directos para la salud pública. La piratería en línea y la venta abierta de productos apócrifos en mercados físicos, como tianguis y centrales de abasto, fueron señaladas como prácticas incontroladas. A esto se suma la limitada capacidad de actuación de instituciones clave: la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), por ejemplo, no puede incautar mercancía ilegal sin una orden previa del IMPI o la FGR.
Aunque la Secretaría de Economía ha declarado que estos señalamientos no implican sanciones comerciales inmediatas, la inclusión de México en esta lista puede complicar futuras negociaciones bilaterales, abrir la puerta a medidas unilaterales por parte de EE.UU. —como aranceles punitivos— y debilitar la imagen del país ante inversionistas y socios globales. En este contexto, el director del IMPI, Santiago Nieto Castillo, aseguró que ya se analizan posibles cambios legislativos para subsanar estas deficiencias.
La USTR también destacó que detrás de la cadena de falsificación se encuentran redes criminales transnacionales, lo que convierte el tema no solo en un problema comercial, sino en un asunto de seguridad nacional. En un momento en que Estados Unidos endurece su retórica comercial bajo la administración de Donald Trump, este tipo de observaciones no son meramente técnicas: pueden convertirse en palanca para presionar ajustes en la política interna mexicana o en las reglas del T-MEC.
El informe de la USTR fue elaborado tras recibir observaciones de 45 actores no gubernamentales y 19 gobiernos extranjeros, lo que da cuenta de la relevancia internacional del tema. En total, más de 100 socios comerciales fueron evaluados, lo que pone en perspectiva el hecho de que México haya sido trasladado de la “lista de vigilancia” a la de “vigilancia prioritaria”. Es un cambio de categoría que evidencia la creciente desconfianza de Estados Unidos respecto al cumplimiento de los compromisos asumidos por México, particularmente en un contexto donde la piratería y la falsificación no parecen disminuir, sino mutar y expandirse.
Así, mientras el comercio se digitaliza y los riesgos se amplifican, el país enfrenta una presión creciente no solo para mejorar sus leyes, sino para hacerlas valer en un terreno donde hasta ahora, las estadísticas —o la ausencia de ellas— hablan por sí solas.
