En una escena que mezcla música popular, crimen organizado y justicia penal, la agrupación sinaloense Los Alegres del Barranco ha sido vinculada a proceso junto con su promotor y representante legal por presunta apología del delito, tras su presentación del 29 de marzo en el Auditorio Telmex de Zapopan, Jalisco. El grupo habría interpretado el tema “El dueño del palenque” mientras proyectaban imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, en un acto que las autoridades calificaron como un “homenaje” al narcotraficante.
Las medidas cautelares dictadas por el juez Gildardo Joel Landeros Parra obligan a los seis señalados a presentarse cada viernes ante el juzgado, entregar una garantía económica de 1.8 millones de pesos y limitar sus salidas del estado, aunque se les autorizó cumplir con tres presentaciones ya agendadas fuera de Jalisco. La investigación complementaria durará tres meses, plazo en el cual seguirán vigentes dichas medidas.
Este caso es solo la punta del iceberg. La Fiscalía de Jalisco ha abierto cuatro carpetas de investigación por hechos similares ocurridos en Villa Purificación, Cihuatlán y Tequila, donde el grupo habría interpretado otros corridos con referencias a personajes del crimen organizado, incluyendo uno proyectado en la Feria de la Piña y otro en la Monumental Plaza de Toros de Cihuatlán. Las autoridades indagan también la posible responsabilidad de los alcaldes de Tequila y Cihuatlán, quienes han sido citados a declarar como testigos.
Este proceso ha reavivado el debate sobre los límites entre la libertad artística y la apología criminal. Mientras el vocero del grupo, Luis Alvarado, defendió su derecho a “contar historias con acordeón o lápiz”, el Ministerio Público advierte que el arte no puede ser escudo para enaltecer estructuras delictivas. Pavel Moreno, uno de los integrantes, respondió con un grito simbólico: “prohibido prohibir”, mientras abandonaba el tribunal.
No es la primera vez que la justicia de Jalisco investiga a músicos por apología del delito: ya ocurrió con Gerardo Ortiz en 2016 y QBA en 2018. Pero este caso marca un precedente más estructurado, donde se investiga incluso la complicidad funcional del equipo técnico que acompañó al grupo y la posible corresponsabilidad del recinto Auditorio Telmex.
El caso de Los Alegres del Barranco no solo interpela al sistema de justicia, sino también a la industria del entretenimiento regional, acostumbrada a moverse en los bordes de la legalidad, la provocación cultural y los afectos narco-pop. Mientras avanza el proceso judicial, queda flotando la pregunta incómoda: ¿es este un acto de justicia, de censura, o de ambas cosas a la vez?
