Donald Trump ha intensificado su ofensiva contra Harvard con un paquete de acciones que podrían significar una ruptura sin precedentes entre el gobierno federal y la universidad más prestigiosa de EE.UU. La reciente orden ejecutiva, enviada por la Administración General de Servicios (GSA), instruye a las agencias federales a cancelar contratos con Harvard por un valor estimado de 100 millones de dólares, con excepción de los considerados “críticos”, que serán transferidos a otros proveedores.
La embestida no es sólo financiera. Desde enero, la administración Trump ha congelado más de 3 mil millones en subvenciones y ha bloqueado temporalmente los visados de estudiantes internacionales matriculados en Harvard. Una jueza federal suspendió esta medida de forma provisional, aunque la amenaza sigue latente.
La narrativa de Trump se apoya en un discurso sobre “valores nacionales” y “seguridad”, acusando a Harvard de antisemitismo por permitir manifestaciones propalestinas en su campus y de mantener criterios de admisión “ideológicos” que violan la reciente sentencia de la Corte Suprema sobre acciones afirmativas. La carta oficial enviada por la GSA menciona incluso que Harvard Law Review otorgó una beca a un estudiante acusado (pero no condenado) por agredir a un manifestante judío. La universidad, por su parte, denuncia una campaña de censura y ataque a la libertad académica.
Trump también ha pedido públicamente las listas de estudiantes extranjeros para identificar a quienes han participado en protestas, insinuando que podrían representar amenazas para el país. El hecho de que Harvard se haya negado a entregarlas ha sido presentado como evidencia de complicidad con el radicalismo. En su red Truth Social, el mandatario ha tachado a la universidad de estar plagada de “lunáticos radicalizados” y ha insinuado que su administración “ganará” este pulso político.
Además, el presidente ha propuesto redirigir 3 mil millones de dólares adicionales —que actualmente benefician a Harvard— hacia centros de formación profesional, bajo el argumento de que ofrecen mayor retorno social. Esta retórica conecta con su promesa de campaña de gravar más severamente las inversiones de dotaciones universitarias, una medida que podría costarle a Harvard hasta 850 millones de dólares anuales.
En respuesta, la universidad ha iniciado una ofensiva legal: busca recuperar parte de los fondos congelados y ha denunciado una violación a su derecho de admisión y a la libre expresión. Para Alan Garber, rector interino de Harvard, la situación es una amenaza a la educación superior en su conjunto: “Condenamos esta acción ilegal e injustificada; pone en peligro el futuro de miles de estudiantes y académicos”.
Mientras tanto, el conflicto sigue escalando, arrastrando consigo a otras universidades de la Ivy League, y poniendo sobre la mesa una pregunta de fondo: ¿se puede usar el poder ejecutivo para reconfigurar el mapa ideológico del conocimiento académico?
