La DEA publicó su “Evaluación Nacional de Amenazas por Drogas 2025” y no dejó lugar a dudas: el narcotráfico mexicano ya no es un fenómeno regional, sino una red densa, multinacional y estratégica que alcanza las 32 entidades del país, y que representa —según sus propios términos— una amenaza directa para la salud pública y la seguridad nacional de Estados Unidos. En el centro de este entramado están dos grandes protagonistas: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa (CDS), ambos ahora formalmente catalogados como “organizaciones terroristas” por el gobierno de Donald Trump.
Un país compartido, un mapa sin huecos
De acuerdo con los mapas actualizados de la DEA, el CJNG tiene una presencia significativa en toda la República, incluidas zonas estratégicas como Jalisco, Michoacán y la costa del Pacífico. El Cártel de Sinaloa, por su parte, opera en 31 entidades, siendo Jalisco —territorio dominado por el CJNG— su única gran ausencia. Sin embargo, el CDS mantiene un control amplio en el norte del país y una presencia estable en el sur.
Esta expansión delictiva, detallada por entidad federativa, no solo abarca control territorial, sino también control de rutas marítimas (como el Puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán), corredores fronterizos, puntos de producción de drogas sintéticas, y estructuras logísticas para lavado de dinero a través del huachicol, una práctica cada vez más relevante, según la DEA.
Alianzas entre enemigos, fracturas entre socios
La publicación del informe reveló un cambio fundamental: el CJNG y “Los Chapitos” —una de las dos principales facciones del CDS— han establecido una alianza táctica para debilitar a “Los Mayos”, encabezados por “El Mayito Flaco” tras la detención de su padre, Ismael “El Mayo” Zambada. Esta coalición, antes impensable entre enemigos declarados, busca maximizar recursos, armas y rutas compartidas.
La DEA advierte que este pacto puede alterar el balance del poder criminal en México y facilitar una intensificación en el tráfico de drogas hacia EE.UU. y el contrabando de armas hacia el sur. Aunado a ello, el CJNG también mantiene un vínculo operativo con “Los Metros”, una facción del Cártel del Golfo, lo que les permite acceso a puertos clave como Altamira y la frontera noreste para el tránsito fluido de cargamentos ilícitos.
Redes compartimentadas y franquicias de violencia
El informe también visibiliza a otros actores, menos expansivos, pero no menos peligrosos. El Cártel del Noreste (CDN) se mantiene activo en ocho estados —principalmente Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas— y destaca por su estructura “compartimentada”, una forma de organización que dificulta su desmantelamiento. Se le atribuyen prácticas como secuestro, extorsión, trata y contrabando de personas.
Por su parte, La Familia Michoacana y sus múltiples facciones —como la Nueva Familia Michoacana (LNFM) y Cárteles Unidos (CU)— controlan zonas en Michoacán, Guerrero, Morelos y el Estado de México. LNFM, con nexos tanto con el CJNG como con el CDS, mantiene control del Puerto de Lázaro Cárdenas, mientras que Cárteles Unidos busca resistir el avance del CJNG en Michoacán, operando como una coalición de clanes locales.
Narcotráfico como empleo forzado: los números del control
Uno de los datos más comentados del informe no vino de la DEA, sino de la Casa Blanca. Sebastian Gorka, director antiterrorismo del gobierno de Trump, estimó en 500 mil el número de mexicanos trabajando para los cárteles. Aunque la cifra es debatible —pues otros estudios como el de Rafael Prieto Curiel en 2023 la ubican en 175 mil—, el mensaje político es claro: para EE.UU., el narcotráfico mexicano no es solo un enemigo externo, sino un ecosistema laboral forzado que justifica una posible intervención.
Y es aquí donde se desdobla el conflicto diplomático. Trump ha propuesto directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum el envío de tropas estadounidenses a México para atacar a los cárteles. La mandataria rechazó la oferta, pero no ha impedido que se mantenga una estrecha coordinación con funcionarios de seguridad como Omar García Harfuch. A la par, desde el Pentágono ya se plantea incluso un escenario unilateral: ataques preventivos sin autorización expresa de México, seguidos del despliegue de fuerzas en la frontera.
Drogas sintéticas y finanzas opacas: el nuevo paradigma
El eje de este nuevo narcomapa ya no es la cocaína o la marihuana, sino el fentanilo y la metanfetamina, drogas sintéticas de bajo costo, alto rendimiento y producción local. La DEA destaca que los cárteles mexicanos —en especial el CJNG y el CDS— han convertido la manufactura de estas sustancias en un modelo industrializado con capacidades de exportación mundial.
A esto se suma el uso sistemático de lavado de dinero a través del robo de combustible. Según el informe, el “negocio negro del petróleo” permite a los cárteles obtener ingresos alternos que, además de financiar la producción de drogas, consolidan redes de corrupción a ambos lados de la frontera.
El futuro inmediato: más poder, menos Estado
Las alianzas entre cárteles, su dominio de rutas estratégicas, la fractura interna de organizaciones como el CDS y la posible militarización del conflicto por parte de EE.UU., configuran un escenario de escalada. Si bien la narrativa oficial apunta a que México y Estados Unidos están “coordinados”, el margen para acciones unilaterales crece, y con ello el riesgo de una intervención sin consenso.
La DEA concluye su informe advirtiendo que los cárteles han creado redes “extensas, complejas y adaptables”, capaces de desafiar estructuras estatales y convertir el crimen organizado en una industria de alcance global. El informe está dedicado a la memoria del agente Enrique “Kiki” Camarena. Pero el presente no parece ofrecer un homenaje digno: más que una guerra, lo que se libra en México es una captura territorial y económica, donde el crimen ya no se oculta, sino que administra.
