Bajo presión
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Por primera vez en la historia, el gobierno de Estados Unidos presentó cargos de narcoterrorismo y apoyo material al terrorismo contra dos presuntos líderes del Cártel de los Beltrán Leyva: Pedro Inzunza Noriega y su hijo, Pedro Inzunza Coronel. El anuncio se realizó en una conferencia de prensa virtual convocada por la embajada de Estados Unidos en México, en la que participaron fiscales del Departamento de Justicia desde Washington y California.
“Se les describe como líderes de una de las más grandes y sofisticadas redes de producción de fentanilo en el mundo, por parte de la facción Beltrán Leyva del Cártel de Sinaloa”, apuntó el fiscal para el Distrito Sur de California, Adam Gordon. “Si actúas como terrorista. No te debes sorprender que te acusen de serlo”.
“Esta es la primera acusación formal presentada por la nueva Unidad de Narcoterrorismo del Distrito Sur de California”, celebró el Departamento de Justicia. Sus representantes adelantaron que buscarán sentencias de cadena perpetua para ambos acusados, y destacaron el carácter inédito de la acusación, que se da al amparo de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que designó a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras.
Además de los Inzunza, las autoridades estadounidenses presentaron cargos contra otros cinco miembros del Cártel de los Beltrán Leyva. Aunque en estos casos se trata de acusaciones más tradicionales, como conspiración para distribuir drogas y lavado de dinero, todos enfrentarán proceso penal ante la Corte del Distrito Sur de California; la misma corte que tiene en su lista de casos pendientes los procesos contra otros líderes del crimen organizado en México, incluyendo a Iván Archivaldo Guzmán Salazar -hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán- e Ismael Zambada Sicairos, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada.
La acusación contra los Inzunza marca un giro importante en la estrategia de Estados Unidos contra los cárteles mexicanos, los cargos de narcoterrorismo y apoyo material al terrorismo tendrán de inmediato implicaciones diplomáticas, legales y operativas tanto para México como para la cooperación binacional en materia de seguridad.
La etiqueta importa, por eso cito de nuevo al fiscal Adam Gordon: “Si actúas como terrorista. No te debes sorprender que te acusen de serlo”, porque en México los gobiernos están repartiendo etiquetas de narcos a quienes cantan corridos que aluden a esa vida criminal.
Una vez más al grito de que se hace por nuestro bien, por nuestra seguridad, se impone la censura como una forma de encubrir que la capacidad de respuesta institucional ha sido rebasada y, a pesar de la reducción de índices criminales, los decomisos de armas y drogas, no es suficiente lo que se hace.
En esta semana, el secretario Omar García Harfuch ha concedido diversas entrevistas, cuando difunde los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad, siempre que se refiere a la atención a las causas, indica que esa es una labor que está realizando la Secretaría de Gobernación, porque no hay forma de ligar detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en todo el país se realizan con lo que genera la narcocultura.
También en esta semana, el secretario de Seguridad Pública municipal de Aguascalientes, Gonzalo Pérez Zúñiga, calificó de positivo el saldo tras 23 días de la Feria Nacional de San Marcos, destacó que no se reportaron fallecimientos durante la fiesta, que disminuyó el número de detenciones y que no se denunciaron delitos del fuero federal, excelentes noticias; lo que no puede hacer el jefe de la policía municipal es vincular estas buenas cifras a que se impidió cantar narcocorridos en el Palenque; porque nada tiene que ver.
A pesar de las pruebas que los grupos buscadores entregaron a la Fiscalía General de la República sobre los asesinatos presuntamente cometidos en el Rancho Izaguirre, Alejandro Gertz Manero puede salir con una versión que contradice los hallazgos de estas organizaciones, las fiscalías general y de Jalisco pueden tardar todo el tiempo del mundo en sus investigaciones, en lo que parece más una táctica para provocar el olvido.
Ah, pero cuando se trata de censurar pareciera que van en cohete, los cuatro integrantes de Los alegres del Barranco ya fueron vinculados a proceso y la fiscalía de Jalisco ya les impuso diversas medidas cautelares: No podrán salir de Jalisco, a menos que lo autorice el juez; deben presentarse cada semana para firmar en el juzgado; y a cada uno de los integrantes de la agrupación se les exigió una garantía económica de 300 mil pesos, un total de 1 millón 800 mil pesos.
Con toda razón, Los alegres del Barranco aseguran que defenderán la libertad de expresión, en entrevista con Ciro Gómez Leyva señalaron que mucha gente depende de su trabajo, por lo que no permitirán que “les cierren la boca”. Queremos seguir cantando lo que la gente nos pide, queremos libertad de expresión, es lo que vamos a pelear nosotros”.
El grupo musical apuntó que por el momento no cantarán corridos en los lugares y entidades donde esté prohibido, “vamos a tocar en los lugares que esté permitido y en el lugar o ciudad que no esté permitido pues nos vamos a reservar y no vamos a cantar”. Así que pueden presentarse en Aguascalientes sin temor a que les apaguen el micrófono.
Lo grave es que la censura sobre estos músicos lleva la etiqueta de apología del delito. El día de mañana, en una corte estadounidense se podrá acusar a cualquier cantante de apoyo material al terrorismo, porque se supone que eso es lo que consigue la apología del delito, incita a cometer actos ilícitos.
Coda. “Tocamos lo que la gente nos pide”, aseguran Los alegres del Barranco, y en esa frase hay más verdad de la que muchos quisieran admitir. Porque mientras se persigue a los que cantan lo que ya ocurre, se deja intocados a quienes lo permiten, lo financian o lo encubren. El problema no está en la canción, sino en la realidad que la inspira. Y esa, ni con todas las etiquetas, se borra.
@aldan